DigitalES, Asociación Española para la Digitalización y patronal del sector tecnológico, ha celebrado este lunes una jornada de tributación del sector digital, para analizar los principales gravámenes a los que están sujetas las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, y las propuestas de un nuevo marco fiscal que asegure su sostenibilidad.
La pérdida de competitividad, la sobrerregulación, la desincentivación de inversión, o la doble tributación son solo algunas de las consecuencias de las que los expertos vienen advirtiendo respecto a las recientes iniciativas propuestas para regular los llamados servicios digitales.
Fiscalidad y capacidad económica del sector
En un debate conjunto con el subdirector general de Ordenación de las Telecomunicaciones de la SEAD, Lorenzo Avello, los principales responsables fiscales de los operadores (Orange, Vodafone y Telefónica) pusieron de manifiesto su preocupación ante un sistema tributario excesivamente prolijo y complejo, que “pone en riesgo” su capacidad inversora, algo que resulta particularmente crítico de garantizar en un sector que demanda enormes inversiones (solo en 2016 las inversiones en desarrollo y despliegue de infraestructuras ascendieron a 5.600 millones de euros). La llegada del 5G supondrá además un nuevo ciclo inversor imprescindible para la transformación digital de todos los demás sectores de la economía.
Tal y como señaló en sus palabras de bienvenida el presidente de DigtialES, Eduardo Serra, existe una fuerte correlación entre el PIB per cápita y el nivel de digitalización de un país. “La economía digital representa el 5,6 % del PIB de España, pero únicamente estamos capturando un 13,5 % de su potencial”, señaló. “Si queremos seguir siendo el país europeo con mejores infraestructuras de telecomunicaciones es necesario que las grandes empresas tecnológicas con capacidad para ayudar en la digitalización del resto de sectores productivos, no se vean penalizadas por el afán recaudatorio de un sistema fiscal tan severo”.
Los operadores destacaron que el sector telco representa el 2,9 % del PIB español, sin embargo, sus empresas aportan el 30 % del IAE total recaudado por la AEAT por cuotas nacionales y provinciales. Así lo expresó María del Olmo, directora Fiscal Orange, que señaló además que este gravamen pone de manifiesto la “discriminación de la telefonía móvil con respecto a la telefonía fija, cuando ya son servicios convergentes en el mercado y el cliente es el mismo”
Elena Otero-Novas, directora de Legal, Regulación y Seguridad Corporativa de Vodafone destacó que “el nivel de contribución del sector es muy elevado y no directamente relacionado con la capacidad económica del sector”. “El sector telco está discriminado fiscalmente con respecto a otros sectores”, señaló Otero-Novas. “El 20 % del resultado de operaciones de estas compañías está destinado al pago de tributos”, lo que para la experta “atenta contra el principio de capacidad económica que según la constitución debe regir el sistema tributario”.
Y es que el IPC muestra que, en los últimos 15 años, España ha asistido a una subida de precios de hasta un 39 %, frente a una bajada en el ámbito de servicios de comunicaciones de un 19 % (INE, EL MUNDO). Esa diferencia de 58 puntos se explica por la inflación generalizada y el abaratamiento de los servicios básicos de comunicaciones. Así, los ingresos del mercado de las telecomunicaciones en España han caído un tercio de su volumen en sólo una década, desde los 35 millones de 2007 a los 24,3 millones del último ejercicio 2017 (CNMC).
Un sistema fiscal sobrecargado
La variedad de figuras impositivas que soporta el sector de las Telecomunicaciones ha derivado en la práctica en una elevada presión fiscal. Los expertos destacaron la existencia de distintos niveles de Administraciones públicas intervinientes provoca, además, una dispersión de esa tributación, propiciando en ocasiones duplicidad en figuras impositivas e inseguridad jurídica.
Un ejemplo sangrante para el sector de esta sobrecarga fiscal es la tasa de RTVE que la Ley 8/2009 de financiación de la Corporación de RTVE estableció para las empresas de telecomunicaciones. Álvaro Rico, responsable de Asesoría Fiscal de Telefónica España, explicó el origen de esta ley y destacó que “el 61 % de presupuesto total de RTVE es financiado por los operadores”, los cuales soportan el 70 % de la aportación establecida por la Ley de financiación con el gravamen sobre sus servicios de telecomunicaciones y de TV de pago. Rico hizo referencia a los 1.200 millones de euros que en los últimos 10 años los operadores han aportado a RTVE para lamentar que “parte de esas aportaciones se están detrayendo de las inversiones en infraestructuras o en innovación necesarias para una mejor competitividad”.
La Jornada contó además con las aportaciones de los responsables de los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos y PSOE en materia fiscal, además la consultora Deloitte o el despacho Garrigues, para hablar del futuro de la tasa digital, actualmente suspendida por la convocatoria de elecciones.
Las empresas coincidieron en criticar la iniciativa unilateral del Gobierno a pesar de la lentitud de acuerdo e implantación del mecanismo comunitario, planteando un tributo cuyas características distan de las previstas en la propuesta de Directiva. Para las empresas tecnológicas reunidas en la jornada, la finalidad de una figura impositiva de estas características no debería ser gravar a aquellas compañías establecidas en España, y que ya tributan por sus actividades en nuestro país, sino garantizar que todas las empresas que operan en el sector digital estén sujetas a las mismas obligaciones fiscales, para mitigar la discriminación actual existente entre unas y otras.
