Este año, la Feria Internacional del Libro (LIBER), que se celebra por primera vez de manera virtual entre el 27 y el 29 de octubre a causa de la pandemia, ha acogido el encuentro ‘Autopistas contra el fraude de contenidos: Los acuerdos voluntarios como instrumento eficaz y necesario’, organizada por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, en la que han puesto sobre la mesa la gran apuesta que suponen estos acuerdos para favorecer el acceso a la oferta legal de contenidos y la gran oportunidad que ofrecen en la lucha contra la piratería digital.
Al comienzo de esta mesa, ha tenido lugar la presentación del informe ‘¿Cómo ayudan los acuerdos voluntarios entre las principales partes interesadas a combatir la piratería digital?’, a cargo de su autor, Nigel Cory, el experto y analista de Política Comercial del Information Technology and Innovation Foundation (ITIF)*, y que señala entre las principales conclusiones de este estudio que aunque «no existe una única y sencilla solución para combatir esta lacra» de la piratería en Internet, los acuerdos voluntarios entre los diferentes actores- titulares de derechos, prestadores de acceso, responsables de publicidad o registradores de dominios- «pueden servir de importante complemento a los esfuerzos, tanto en materia legislativa como de otra índole, realizados por los gobiernos», desempeñando un papel clave en la lucha contra la piratería en internet.
Este trabajo pone de manifiesto que estos acuerdos pueden incidir directamente en servicios y procesos que permiten que las webs de contenidos ilícitos se beneficien con el acceso a contenido ilegal como si se tratara de negocios legales. Asimismo, el estudio apunta que, a pesar de diferenciarse según el país y el contenido de que se trate, existen notables evidencias que demuestra la capacidad de modificar el comportamiento del consumidor, reducir la piratería y aumentar la oferta y las ventas legales cuando se activan este tipo de acuerdos de autorregulación.
En este sentido, el informe recomienda a los gobiernos que fomenten de manera más «proactiva» acuerdos voluntarios junto con otras políticas contra la piratería como parte del debate destinado a apoyar la propiedad intelectual como agente estratégico de la economía digital mundial.
“La colaboración entre los distintos sectores de la economía digital puede desestabilizar la parte de la ecuación correspondiente al abastecimiento de piratería digital, para que así el funcionamiento de los operadores ilícitos resulte más difícil y costoso.” Afirma Cory en su informe. «Los legítimos actores del sector, en aras de la defensa de una economía digital innovadora y próspera, pueden colaborar para hacerle la vida más difícil y costosa a los operadores ilícitos que se lucran con la piratería», apunta.
Tal y como sostiene Cory, estos acuerdos consiguen, entre otros aspectos, que las páginas web con contenido ilícito «sean bloqueadas o eliminadas a fin de que no puedan operar y obtener beneficios como si fueran empresas legítimas». Al mismo tiempo, cree que tienen un «efecto importante en los hábitos de consumo, reduciéndose el consumo de piratería y aumentando la oferta y las ventas legales».
En su informe, Cory considera que los gobiernos deberían «apoyar los acuerdos voluntarios como un instrumento a su disposición para luchar contra la piratería digital»; y que los Estados Unidos, la Unión Europea y sus Estados miembros, así como otros países, han de respaldar «la investigación y las conversaciones sobre cómo los acuerdos voluntarios deberían ser un componente habitual del conjunto de instrumentos contra la piratería digital». Asimismo, aboga por que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) establezca los principios y procesos básicos necesarios para crear un formato para estos acuerdos voluntarios.
RETOS EN LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA
Por otro lado, en la segunda parte de esta mesa, los representantes y expertos del sector han debatido sobre los retos que es necesario identificar a medio plazo para luchar contra la piratería de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual. Por un lado, el director de EGEDA, Octavio Dapena, ha defendido la necesidad de buscar «soluciones rápidas contra el fraude de contenidos» ante la «inmediatez de la demanda de contenidos audiovisuales».
«Estamos asistiendo a un cambio en los instrumentos de fraude, pero también en los modelos de negocio que lo alimentan, y necesitamos para combatirlo nuevas herramientas», ha señalado Dapena, que hace referencia a «uno de los datos más reveladores y preocupantes del Observatorio de piratería de 2019», presentado recientemente, según el cual el 29% de los internautas tiene decodificador IPTV y el 21% ha accedido a una VPN para uso personal, además del aumento hasta el 23% de los accesos a contenidos ilícitos a través de las redes sociales.
En esta línea, y también en referencia a los resultados del Observatorio de piratería de 2019, el abogado de Pérez Llorca y asesor de AEVI Andy Ramos ha destacado que «la lucha legal contra la piratería en la industria del videojuego ha logrado grandes avances», pero cree que se debe seguir combatiendo «con los medios legales y privados» tales como «la desindexación de contenidos, el planteamiento de procedimientos judiciales o administrativos y las campañas de concienciación para conseguir una mayor valoración y respeto de las creaciones intelectuales”.
COLABORACIÓN DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
Para el director de CEDRO, Javier Díaz de Olarte, es «imprescindible» contar con la «colaboración» de responsables de redes sociales o de mensajería instantánea, donde tiene lugar la «difusión masiva e incontrolada» de libros, periódicos, revistas y partituras. «Los ficheros que contienen las copias digitales piratas de nuestras obras pesan muy poco, de tal modo que su difusión masiva e incontrolada a través de redes sociales o de grupos de servicios de mensajería instantánea tales como WhatsApp se han convertido en algo cotidiano», ha señalado.
Además, Díaz de Olarte destaca la importancia de contar con el apoyo de «agentes clave» como Apple o Google, y ve crucial la próxima transposición de la directiva 2019/790 «para consolidar la colaboración entre los representantes de los titulares de derechos, autores y editores en el caso de CEDRO y estas plataformas tecnológicas».
La directora de los ServiciosJurídicos de Promusicae, Beatriz Sánchez Eiguíbar, cree que para lograr resultados en la lucha contra la piratería es necesaria la combinación de medidas como «las campañas de concienciación, las acciones judiciales y los acuerdos de autorregulación». En referencia a estos últimos, señala que «los que han mostrado mayor eficacia en la reducción de la piratería de música en la red son los encaminados a bloquear las páginas web ilícitas a través de los prestadores de servicios de acceso a Internet» que, además de «reducir costes y tiempo», cubren aspectos que «no abarcan convenientemente las acciones judiciales», como pueden ser los «bloqueos dinámicos», que «se extiendan a cualquier dominio que utilice esa web en el futuro, así como a los espejos y proxies».
Por su parte, el asesor de la Coalición y abogado de GCLegal, Gilberto Pérez del Blanco, apuesta por «medios alternativos de resolución de conflictos», que han mostrado «probada eficacia» en otro sectores y ámbitos, y que considera que «debe servir para avanzar en la implantación de la autorregulación y corregulación en el ámbito de la difusión de contenido digitales. Se trata de medidas idóneas y adecuadas para garantizar la transparencia y el respeto de la legalidad en el mercado de digital de contenidos en los años venideros, puesto que facilita que todos los actores del mercado -prestadores de servicios de intermediación, usuarios y titulares de derechos- asuman su parte de corresponsabilidad en la materia», ha explicado.
Además, en este sentido, cree que «la idoneidad y ventaja sobre otros medios de tutela se basa en el carácter voluntario de estas medidas, lo que implica compromiso, eficiencia, economía y carácter no lesivo o gravoso de las soluciones que se implementan, resultando soluciones muy ajustadas al ámbito digital en el que se pretende operar».
Hay que recordar que según los datos que recoge el Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo Digitales, solo en 2019, los accesos digitales ilegales a contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual ocasionaron un perjuicio al sector de2.437 millones, mientras que el Estado, habría dejado de ingresar, un total de 673 millones de euros, lo que suma un acumulado desde 2012 de 4.658 millones, impidiendo también la creación de casi 120.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos solo en España.
La jornada ha sido clausurada por Carlota Navarrete, directora general de La Coalición, que ha afirmado que “el instrumento de los acuerdos voluntarios o códigos de conducta entre los agentes implicados en la economía digital es de absoluta actualidad y muy estratégico. Puede ser el complemento idóneo para el conjunto de medios y medidas que ponen freno a la devastadora oferta ilegal de contenidos digitales”. Por ello, ha concluido “desde La Coalición llevamos mucho tiempo trabajando en estas iniciativas, pero es crucial que los poderes públicos y el Gobierno crean en ello y lo apoyen; sólo así se podrá consolidar lo que sería un avance pionero en nuestro país y a nivel internacional importantísimo.”
