Los productores audiovisuales han hecho frente común contra la iniciativa legislativa uruguaya que prohibirá autorizar y cobrar derechos de comunicación pública de gestión de obras en Uruguay. Reunidos en la tercera edición de Iberseries & Platino Industria, han protestado contra la arbitraria e injusta propuesta que recuerda a épocas en las que los contenidos culturales eran explotados sin la retribución correspondiente a quienes los hacen posibles: los productores.
La propuesta legislativa del senador Jorge Gandini, que ha sido perseguida en Uruguay mediante el lobby conjunto de operadores-usuarios de los derechos, impulsa una reforma de la Ley de Derechos de autor a través de un artículo de la Ley de Rendición de Cuentas a aprobarse durante la primera semana de octubre.
En concreto, se propone añadir un inciso al artículo 20 de la Ley 17.616 de 10 de enero de 2003 concretando que “las entidades de gestión colectiva de productores, sea cual fuere el objeto de su actividad, sólo podrán ser autorizadas a funcionar respecto de los derechos de remuneración equitativa que se consagran expresamente en favor de los mismos”.
Para EGEDA, la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, y FIPCA, la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, el texto supone un claro menoscabo a los derechos de los productores al excluir la justa retribución por la gestión colectiva, puesto que los productores representan derechos exclusivos y no de remuneración. De ahí las protestas contra una reforma legislativa interesada que expropia derechos de propiedad intelectual a los productores, beneficiando a los usuarios de los derechos que explotan obras audiovisuales y que pretenden, con esta reforma, no tener que pagar los derechos que sí se remuneran en los países en los que se respetan los derechos de propiedad intelectual.
La legislación, claramente contraria a la propia ley uruguaya e internacional, rompe también la tendencia de protección de derechos de propiedad intelectual. Una situación inaudita que los productores, tanto uruguayos como del resto del mundo, así como asociaciones que defienden sus derechos, denuncian lo que supone un claro expolio de retribuciones que les corresponden por derecho de explotación de sus obras.
Los productores destacan que a contracorriente del resto de países, la reforma uruguaya parece omitir la importancia del cine y las series y la progresión de la industria iberoamericana, con una remarcable e innegable proyección internacional. Una situación preocupante, puesto que, mientras que se desarrolla iniciativas para la promoción y el networking de los profesionales del sector, precisamente creadas para reforzar la producción iberoamericana, países como Uruguay emprenden acciones legislativas que condicionan el correcto desarrollo de su incipiente industria audiovisual.
