La explosión del sector audiovisual en el archipiélago ha llevado a un grupo de profesionales a crear la nueva asociación Audiovisual Plural de Canarias.
El cine, la televisión, la publicidad, el audiovisual corporativo, la producción de servicios y las que se engloban bajo el paraguas de las nuevas tecnologías están representados en la nueva asociación, que ya cuenta con 37 socios.
Según el comunicado, los perfiles representados son «productores de cine y televisión, realizadores, directores, guionistas y técnicos, entre otros, de las disciplinas de dirección y producción, fotografía, sonido, dirección de arte y maquillaje, entre otras.»
La junta directiva está formada por Daniel Álava, José Ramón Alonso, Santiago Falcón, Sergio Hernández, Gon Hernández, Rumén Justo, Diego León, René Martín, Elio Quiroga, Luis Roca (presidente) y Juan Manuel Villar. Cuenta con socios que llevan a cabo su trabajo dentro y fuera de las Islas Canarias, en Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote, Madrid, Barcelona, Málaga y Los Ángeles.
Además, cuenta con la figura del Socio de Honor para profesionales de una especial relevancia histórica para el audiovisual de las islas. El primer socio de honor de Plural es Ramón Saldías (Bidart, 1938), primer cineasta profesional de la historia moderna de Canarias, el primero en realizar un largometraje profesional en las islas y en ser seleccionado en el festival de cine de San Sebastián. También fue el primero que realizó una serie de televisión y primer presidente de la primera asociación canaria de productores en los años 90 del siglo pasado.
Los interesados en formar parte de Audiovisual Plural de Canarias deben enviar un correo eletrónico a audiovisualplural@gmail.com.
La asociación quiere destacar el valor estratégico del audiovisual y entre sus objetivos están «mejorar la calidad de las ayudas públicas y favorecer una formación profesionalizada y diversa y la necesidad de equilibrar su desarrollo en las islas.»
«Audiovisual Plural de Canarias se manifiesta favorable a que Canarias acoja rodajes nacionales e internacionales e insta a las administraciones públicas a una gestión más competitiva en todo lo que se refiere el posicionamiento de las islas en este terreno vital para el desarrollo industrial del sector y la formación de técnicos. Para acabar con la incertidumbre de los últimos años por el funcionamiento del incentivo nacional, Plural pide que su control económico se transfiera a la Agencia Tributaria Canaria. También pedimos que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se pueda materializar en el desarrollo de proyectos de películas y series de productoras canarias» anuncia la asociación.
Y añade: «Consideramos de la máxima urgencia que Canarias se dote de un organismo independiente que gestione el sector, un instituto canario de las industrias y culturas audiovisuales que debe estar supervisado por una comisión asesora del audiovisual, en el que estén representados los organismos públicos asociados (de industria, cultura y turismo), las asociaciones del sector, las televisiones y personalidades relevantes del sector de Canarias.»
Por otro lado, «desde Plural manifestamos que las entidades públicas deben mantenerse equidistantes y vigilantes respecto a las distintas asociaciones sectoriales. No compartimos que el Gobierno de Canarias, los Cabildos de Gran Canaria y Tenerife y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sean socios de una única asociación, el Clúster Audiovisual de Canarias, ya que esta actúa como si fuera, de facto, la patronal del sector. Esta situación es una anomalía que se da solo en Canarias. Mantenerse distanciadas y equidistantes respecto al sector privado contribuye a asegurar las buenas prácticas en el sector y evita casos como el del polémico Consorcio de Exportación Audiovisual de Canarias, que actualmente opera, en parte, bajo el nombre Bendita Films.»
La asociación continúa: «Ser sector estratégico implica también que los responsables de estas entidades públicas que se dedican a hacer política audiovisual deban ser siempre profesionales cualificados desde el momento en que acceden a esos cargos. Plural exige además que los responsables de estas entidades públicas, funcionarios y trabajadores de empresas públicas, no puedan participar al mismo tiempo en el sector privado, ni tener intereses en él a través propio o de familiares, ni pertenecer a asociaciones sectoriales. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso del responsable de Audiovisuales de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y la responsable del Mercado del Festival de Cine de Las Palmas (MECAS).»
La asociación Audiovisual Plural de Canarias pide eliminar cualquier tipo de redacción en las distintas normativas y programas de ayudas que beneficien, o induzcan a beneficiar, a un determinado estilo de cine o establezcan prejuicios sobre su calidad artística o interés cultural de las propuestas.
Esta petición se extiende, asimismo, a todos aquellos eventos financiados con fondos públicos, que deben contar con una gestión que asegura la transparencia de las selecciones de películas, en el caso de los festivales, con una comunicación expresa de los miembros de los comités de selección, así como criterios de selección abiertos y plurales, ya que de ello depende el futuro de muchos cineastas.
«En consonancia con lo anterior, para valorar los proyectos audiovisuales que se presenten a las ayudas públicas, pedimos que se elijan solamente a profesionales del sector de la producción audiovisual integrados en la industria de películas y series. Sostenemos que las instituciones deben potenciar y sostener el desarrollo del tejido audiovisual en las islas. Así, las producciones audiovisuales que se rueden en las islas deben sumar puntuación adicional en las ayudas. Si las películas se llevan a cabo fuera de las islas, deben contar con director y una amplia mayoría de jefes de equipo canarios. Las últimas ayudas del Gobierno de Canarias no contemplaban estas reivindicaciones.»
Según la asociación, «también, las entidades públicas deben velar por un reparto equitativo de las ayudas públicas entre los distintos productores y productoras, teniendo en cuenta que ninguno podrá ser beneficiario de dos ayudas en la misma modalidad en una misma convocatoria. Para ello, tal y como se establece en la legislación estatal, los productores y productoras deben presentar una relación de empresas vinculadas. La ausencia de esta obligación en las últimas bases del Gobierno de Canarias ha posibilitado que, al menos en un caso, un mismo productor obtuviera dos ayudas, o que otro se presentara a las mismas camuflado bajo tres nombres de empresas distintos en la misma modalidad.»
«Las entidades públicas podrán favorecer una formación plural y diversa en base a cursillos de especialización, pero en ningún caso, como se ha venido haciendo en 2019, encargándolo de forma exclusiva a una asociación, en este caso al Clúster Audiovisual de Canarias. Esto ha tenido como consecuencia el hecho inédito en las Islas de que una productora privada propiedad del presidente de la mencionada asociación haya organizado la mayoría de todos cursos financiados con dinero público en 2019. La falta de formación de algunos de esos formadores es un hecho objetivo en base a sus currículos, por lo que pedimos a las instituciones que mejoren sus mecanismos de control.»
«Finalmente, las distintas administraciones públicas deben tomar medidas para que el sector crezca de forma equilibrada en las islas. Siendo conscientes de que el grave desequilibrio que padece la isla de Gran Canaria hoy tiene su primer origen en los fracasos de las políticas públicas llevadas a cabo por las instituciones insulares y locales de Cultura de esta isla en los últimos 25 años, también hay desequilibrios que son responsabilidad del Gobierno de Canarias.
En este sentido, Plural apela al Gobierno de Canarias para que la isla de Gran Canaria cuente también con técnicos de audiovisual a los que poder hacer consultas presencialmente. Así mismo, pedimos que Filmoteca Canaria ponga a disposición de cineastas e investigadores una sala para visionados también en esta isla.
Es determinante también que el Gobierno de Canarias y Cabildo de Gran Canaria se impliquen para que esta isla cuente con sus propias ayudas al sector, con cantidades y garantías de continuidad equivalentes a las que ya existen en el Archipiélago.»
