Los productores independientes que operan en España, apoyados por una amplia mayoría de asociaciones del sector, se han manifestado ante el Ministerio de Asuntos Económicos para mostrar su profunda decepción ante el camino emprendido por el Gobierno con la reciente aprobación del texto de la Ley General de Comunicación Audiovisual en el Congreso.
Un texto que, como ya se avanzó en anteriores comunicados, cuenta con el rechazo del sector, como muestra el manifiesto firmado por centenares de profesionales de todos los campos de la industria audiovisual y que a juicio de los firmantes pone en serio peligro la supervivencia de un ecosistema cultural diverso y equilibrado.
El nuevo manifiesto de los productores independientes está promovido por la Plataforma Audiovisual de Productores Independientes (P.A.P.) que engloba a las entidades AECINE, Diboos, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM y en su conjunto, representa alrededor de 600 productoras audiovisuales independientes, lo que equivale al 90 por ciento de empresas toda España. El texto, al que se han sumado otras asociaciones y profesionales de la industria audiovisual, dice lo siguiente:
Los productores independientes nos sentimos menospreciados por el Ministerio de Cultura que, en teoría, nos representa. Su máximo representante, el ministro Miquel Iceta, lejos de apoyarnos, tacha de “exagerado” el clamor de la industria contra esta ley.
Si bien el Ministerio de Asuntos Económicos ha abierto una puerta al diálogo, gesto que reconocemos, la visión estratégica de ambas partes se haya aún muy lejos de converger y las diferencias se hacen difíciles de conciliar.
Tras el vuelco dado en el texto en un concepto tan esencial como la definición de productor independiente, describiéndola en función de para quién preste el servicio, en lugar de atender a la propia composición de la empresa productora, nos planteamos seriamente qué modelo audiovisual y cultural nos proponen para España. Desde luego, las productoras independientes creemos firmemente que solo la convivencia en igualdad de los distintos tipos de producción puede garantizar la diversidad cultural.
Se nos pide un voto de confianza en medio de una negociación cuyas reglas han cambiado sobre la marcha, inclinando la balanza a favor de intereses ajenos a los de la producción independiente y propiciando una ley que genera el desequilibrio, cuando debería buscar el bien común. Y una ley que nace desde el desequilibrio está lejos de ser una ley justa.
Llegados a este punto, abiertos a colaborar, pero cansados de que nuestras peticiones sean sistemáticamente desestimadas sin argumentación de fondo, apelamos a la sensatez de nuestros políticos y pedimos encarecidamente la revisión del texto en el Senado. Sin grandes esperanzas de que esto ocurra, solo cabe esperar que el Gobierno reconsidere la situación aplicando factores correctivos tanto en otras leyes que se encuentran aún en desarrollo como en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, dando así a la producción independiente una vía de salida para poder afrontar el duro invierno empresarial al que se ve abocada en este momento.
El futuro dirá quién tiene la razón pero, si no se pone remedio ya, quizás para nosotros sea tarde.
