Podemos: «Hay que ayudar a producir, pero hay que cuidar más, mucho más, la exhibición y la distribución»

AV451: También tenéis previsto desarrollar un pacto por la cultura y leyes específicas entre ellas una destinada al Cine ¿podías avanzar algo de lo que os gustaría que incluyera esta normativa sobre Cine?

A.A: «La clave es desarrollar un modelo nuevo, un modelo integral, transparente, sostenible y diverso. Contemplar todo el ciclo vital de la obra cinematográfica: desde la producción hasta el patrimonio; desde la formación de públicos hasta la exhibición; desde la animación hasta los nuevos escenarios digitales. Las legislaciones de los últimos años, repletas de parches y remiendos para favorecer lobbys clientelares y falsos consensos políticos, han llevado al cine y al audiovisual a una situación caótica, de extrema dependencia institucional y de arbitrariedad consentida.

AV451: ¿Cómo estructuraríais las ayudas a la cinematografía y al sector audiovisual en general? (producción, exhibición, distribución, televisión, animación…)

A.A: «Hace falta un cambio de paradigma. La apuesta fundamental ha de ser la de la circulación. Hay que conseguir públicos, crearlos, consolidarlos. Para que más puedan crear y producir más han de poder ver y apreciar lo que se hace. No tiene sentido producir por producir. Que se produzcan más de doscientas películas en un año y no se estrenen la mitad y las que lo hacen, la inmensa mayoría, en condiciones lamentables de pantallas y de tiempos, es absurdo y, sobre todo, muy frustrante. Hay que ayudar a producir, desde luego. Pero hay que cuidar más, mucho más, la exhibición y la distribución. La que ya existe, desde luego, y para ello se reforzarán los incentivos de apoyo a la distribución y exhibición de obras de producción española y de aquellas propuestas que refuercen la diversidad cultural. Pero, además, hay que ampliar las miras, las posibilidades de ver y el acceso a otros cines. Las carteleras cada vez son más pobres, más homogeneizadas. Por eso, en el marco del Plan Operativo de Fomento de la Diversidad Cultural se impulsarán las diversas experiencias de distribución y exhibición independiente que ya existen en España; se crearán nuevas redes de distribución y exhibición (públicas o mixtas) que devuelvan el espectáculo cinematográfico a aquellos lugares (especialmente zonas rurales, pero también capitales de provincia y otras ciudades) en los que ya no hay posibilidad de ver películas en una sala de cine. La programación de estas redes apostará por la diversidad cultural y se respetarán al máximo aspectos como la buena calidad de proyección de las obras.  Así mismo, se apoyará a aquellas plataformas españolas que se dedican a la distribución on-line de contenidos audiovisuales cuyos catálogos apuestan por la diversidad cultural».

AV451: Sobre los incentivos fiscales. ¿En cuánto quedará fijado el IVA cultural? ¿Qué porcentaje se aplicará entonces a las entradas de cine?

A.A: «Hay que bajar el IVA, desde luego. Pero en este terreno no se puede ni se debe entrar en una subasta de promesas. Es absurdo. Y no queremos entrar en una competencia demagógica de restricción impositiva. Por ejemplo, tanto el PSOE como Ciudadanos ya han rectificado (a la baja) sus respectivas propuestas de reducción del IVA durante la pre-campaña.  Nosotros apostamos por disminuir al tipo reducido (es decir, al 10%) el IVA de los servicios y productos culturales actualmente sujetos al tipo normal. Máxime, cuando la fiscalidad ha sido un arma ideológica contra todo un sector. Pero bajando el IVA no se solucionan todos los problemas del sector. La nueva fiscalidad ha de encajarse en todo un marco que desarrolle nuevas vías de financiación tendentes a consolidar la autonomía del sector. Eso significa que, manteniendo y hasta incrementando los incentivos públicos, hay que poner en marcha mecanismos nuevos, desde una ley de mecenazgo a desgravaciones fiscales capaces de atraer fondos e inversores, pasando por la creación de una sección para el cine dentro del Fondo Social de la Cultura que sirva para que la financiación del cine (y del resto de la cultura) no dependa exclusivamente de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, hacer que el cine y la cultura se financien a sí mismos, a través de la actividad generada por el propio el sector».

AV451: También te agradecería mucho que me señalases los contenidos fundamentales de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) y sus objetivos

A.A: «España es un país desfasado respecto a los estándares europeos en el espacio mediático. Hay que reformar la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual y hacerlo en cuatro aspectos: Desgubernamentalización de los medios públicos (TVE, RNE, EFE…) garantizando su independencia y pluralismo, la calidad de contenidos y el cumplimiento del Derecho de Acceso, potenciando ,para ello, con mayores competencias y participación, los Consejos de Informativos, un Consejo Social, el Defensor del Espectador y las áreas de medios interactivos. Su presidencia será elegida a través de concurso público y en base a proyecto. Revisión de los criterios de gestión del espectro radioeléctrico para garantizar un reparto más equilibrado entre los tres sectores de la comunicación (público, comercial y tercer sector), buscando un mejor aprovechamiento, de acuerdo a los estándares europeos, que garantice el derecho a la libre competencia y permita mejorar los indicadores de pluralismo. Reconocimiento y protección de los medios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO, complementando esta medida con la creación de dos OpenChannels de TDT y radio con desconexiones locales, gestionados en colaboración con dichos medios, como ocurre en Alemania, Noruega o Finlandia. Creación de un Consejo del Audiovisual, independiente e integrado en la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA), similar a los que existen en los países vecinos.

AV451: Háblame de la Asamblea de Profesionales de la Cultura y el Observatorio Ciudadano de la Cultura, ¿quién lo formará y de qué se ocupará exactamente?

A.A: «La Asamblea forma parte de un nuevo modelo de entender las políticas culturales. Para empezar, nosotros creemos que es imprescindible un Ministerio de Cultura y Comunicación. Porque la cultura es un derecho básico, un bien común y un sector productivo estratégico, que necesita de un área ministerial que atienda a sus especificidades. La compleja integración contemporánea entre comunicación y cultura, determinada por la Era Digital, exige un planteamiento según el cual los dos sistemas sean contemplados en una misma política pública. La creación de un ministerio que articule esa relación permitirá establecer políticas coordinadas capaces de dinamizar la circulación, producción, transmisión y creación de sentidos. En este nuevo marco, el Ministerio desarrollará Planes Operativos que, al contrario que los actuales Planes Generales o Planes Estratégicos, fundamentalmente limitados y sin efectos, articularán las políticas culturales, asegurarán los medios para su aplicación y establecerán procedimientos de supervisión, revisión, evaluación y rendición de cuentas. También reformará su organigrama para responder a la realidad actual del mundo artístico y cultural, incluyendo novedades como la Dirección General de Cultura Digital, y dotará de autonomía y reformulará la estructura y forma de funcionamiento de algunos de sus organismos dependientes (tales como el Intitulo de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, ICAA o el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, INAEM), para superar la actual excesiva burocratización, inmovilismo y modelos anticuados de actuación, acabar con su limitada apertura a las propuestas externas y adecuarlos a las necesidades actuales y futuras. La Asamblea de Profesionales de la Cultura y el Observatorio Ciudadano de la Cultura, donde estará representado el sector en su pluralidad y complejidad, y participará de la gobernanza cultural. Ambos organismos persiguen neutralizar al máximo las injerencias políticas y evitar un uso partidista de la gestión de los asuntos culturales. La Asamblea de Profesionales de la Cultura participará en la gobernanza de los asuntos culturales con capacidad de decisión y establecerá puentes de diálogo reales entre la Administración y el sector cultural. En este sentido, la Asamblea asegurará unos cauces directos, eficaces y transparentes con el objetivo de favorecer la participación de los profesionales en el diseño, la supervisión y el desarrollo de las políticas culturales. Tendrá un estatuto donde se especificarán las atribuciones, objetivos, responsabilidades, estructura organizativa, funcionamiento, derechos y obligaciones de sus miembros. Contará con comisiones sectoriales específicas (música, artes visuales, artes escénicas, libro, patrimonio, audiovisuales, comunicación, etcétera) para atender a las particularidades de dichos ámbitos. Por su parte, el Observatorio Ciudadano de la Cultura analizará y supervisará, a través de indicadores de retorno social, la marcha de los diferentes proyectos, velará por su correcto funcionamiento, por la gestión de los recursos culturales y servirá para que la ciudadanía pueda participar en el diseño y la evaluación de las políticas culturales».

AV451: Otra de las claves de vuestro programa de Cultura es la transparencia, ¿qué medidas efectivas tenéis previsto implementar para que los datos públicos del sector cultural sean mucho más accesibles para los ciudadanos y los medios?

A.A: «La transparencia se aplicará a todas las actuaciones del Ministerio de Cultura y Comunicación y de todos aquellos organismos dependientes, de modo que se garantice una claridad informativa en la gestión y adjudicación de los recursos y un acceso inmediato y sencillo a toda la información referente al Ministerio o supervisada por él. El Ministerio regulará el acceso a los cargos de responsabilidad en materia cultural, estableciendo procesos transparentes y democráticos, mediante concurso público y en base a proyecto, con el fin de configurar un equipo de gestores que comprenda las complejidades del sector y actúe con competencia, capacidad de diálogo y eficiencia. De igual modo, se aplicará racionalidad, proporción y medidas de control en lo que se refiere al propio gasto de la Administración, a las retribuciones de los altos cargos, directores de instituciones públicas u organismos financiados mayoritariamente con fondos públicos, así como del conjunto del personal contratado por el Ministerio y sus instituciones u organismos dependientes para asesoramiento o actividades artísticas y culturales. En los casos en los que los servicios deban ser externalizados, se adoptarán todos los mecanismos de transparencia y se favorecerá la contratación de profesionales cualificados, eliminándose para ello la aplicación de criterios estrictamente económicos en la concesión. Se desarrollarán y ampliarán los códigos de buenas prácticas existentes, se crearán nuevos en sectores que carezcan de ellos y se velará por su implantación efectiva tanto en materia de actuaciones como de nombramiento de cargos y funcionamiento general de las instituciones públicas, mixtas o financiadas mayoritariamente con fondos públicos. Además, se incorporarán sistemas de evaluación independientes del funcionamiento de las instituciones culturales públicas».

AV451: ¿Podías explicarme en qué consiste la nueva Dirección General de la Cultura Digital?

A.A: «Es uno más de los elementos del nuevo modelo cultural y de la comunicación. Es imprescindible hacer política cultural desde lo digital. Por eso, la nueva Dirección General de la Cultura Digital se incorporará al organigrama del Ministerio de Cultura y Comunicación, actuará de modo transversal al resto de direcciones generales y tendrá como finalidad desarrollar políticas públicas culturales adaptadas al entorno digital. Desde esta nueva dirección general, entre otros proyectos, se pondrá en marcha la Plataforma de Cultura Abierta (PLACA) con el objetivo de poner a disposición de la ciudadanía contenidos libres de derechos; fomentar la distribución de creaciones digitales, en general; divulgar los fondos culturales públicos y aumentar la difusión de la creación artística y del patrimonio cultural en el entorno digital. Se colaborará con el proyecto Europeana, cuya parte española (Hispana) es, no obstante, actualmente insuficiente para el tipo de repositorio que se pretende, ya que contiene fundamentalmente digitalización de imágenes y prensa. Entre otros proyectos, a través de PLACA se hará posible: fomentar el uso y el conocimiento de contenidos y herramientas digitales libres de derechos; poner a disposición en streaming, de modo gratuito, las creaciones musicales, literarias, audiovisuales o de cualquier naturaleza digital, de aquellos creadores y productores independientes que lo soliciten; digitalizar los fondos artísticos de los museos públicos para ponerlos a disposición de la ciudadanía, así como desarrollar contenidos de realidad aumentada para la musealización de sitios patrimoniales, con funciones fundamentalmente educativas y de investigación; fomentar la difusión en el terreno digital, el desarrollo de nuevos contenidos digitales y la digitalización de los fondos de los centros de documentación y difusión públicos, tales como la Filmoteca Española, el Centro de Documentación Teatral, el Centro de Documentación de Música y Danza o la Biblioteca Nacional. La Dirección General de Cultura Digital fomentará así mismo el proceso de digitalización del fondo editorial a través del compromiso de compra para bibliotecas de los títulos digitalizados, y colaborará en la gestión del préstamo de libros electrónicos con las bibliotecas públicas locales, autonómicas y estatales».

AV451: Vuestro programa también habla de una nueva Ley de Mecenazgo y Patrocinio y Fondo Social de la Cultura ¿cuáles son las especificidades de estas normativas y su aplicación en el ámbito audiovisual?

A.A: «Una de las claves más determinantes de actual panorama cultural, heredado de la cultura de la transición, y de las políticas clientelares de los dos viejos partidos, es la extrema dependencia institucional del entramado cultural. Sin abandonar ni un ápice ese imprescindible apoyo público, hay que trabajar para logar espacios y posibilidades de autonomía y de sostenibilidad. En ese sentido, es imprescindible pensar una lógica de mecenazgo que los gobiernos de los dos viejos partidos no han desarrollado por sus dependencias de las grandes corporaciones y de fundaciones.  Nosotros  queremos fomentar tanto el macro como el micro mecenazgo y la participación de particulares y empresas en la financiación de la cultura, con el apoyo y la supervisión de las administraciones públicas.  No es una improvisación, ni un deseo al albur. Es un concepto global que abarca fiscalidad, patrocinio y mecenazgo, con el fin de conseguir, manteniendo y aún reforzando los apoyos y los incentivos públicos,  trabajar para la autonomía del sector, del modelo. Esta nueva ley, que se enmarcará en una reforma general del régimen tributario y que sustituirá a la actualmente vigente Ley 49/2003 y modificará, entre otras, la Ley General Tributaria, la Ley de IVA, la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades, establecerá un renovado marco de colaboración público-privada. Se conectará con la creación de un Fondo Social de la Cultura, cuya gestión se realizará a través del concurso del propio Ministerio de Cultura y Comunicación, la Asamblea de Profesionales de la Cultura y el Observatorio Ciudadano de la Cultura, de modo que participen en el mismo la Administración, los profesionales del sector y la sociedad civil en general. Este fondo contará con una ventana de proyectos abierta todo el año y su gestión se concentrará en el mapeo, financiación, mediación y promoción de proyectos, instituciones, iniciativas, empresas y particulares que desarrollen labores de creación, educación, investigación, difusión, distribución, conservación, producción y desarrollo de proyectos relacionados con el arte y la cultura en un sentido amplio.

Se financiará con los siguientes resortes:

-El 18% de los impuestos derivados de transmisiones culturales entre particulares o sociedades, de modo que se asegure que ese porcentaje del dinero recaudado por la Administración procedente de la cultura, se reinvierta en la cultura a través del Fondo. De esta forma se asegurará que la sostenibilidad del sector cultural no quede al albur de las administraciones públicas ni esté sometida en ningún caso a la presión que pudieran ejercer las grandes empresas.

-Una nueva casilla específica destinada a Fines Culturales («Casilla Cultural») que se introducirá en el Modelo 100 de la Declaración de la Renta, con un contenido y aplicación idéntico a las actuales casillas destinadas a la Iglesia y los Fines Sociales.

-El 1,5 % cultural reflejado en la Ley de Patrimonio Histórico y que establece la obligación de destinar este porcentaje desde los presupuestos de los convenios de contratos de obras públicas a trabajos de conservación o protección del patrimonio y/o fomento de la creatividad artística. Esta competencia, hasta ahora compartida con el Ministerio de Fomento, corresponderá exclusivamente al nuevo de Cultura y Comunicación.

-Aportaciones voluntarias de particulares y de empresas que optarán con ello a desgravaciones fiscales variables que se establecerán en las correspondientes modificaciones de la Ley de IRPF y del Impuesto de Sociedades.

-Aportaciones de la Administración central y otras administraciones europeas, autonómicas y locales que quieran implicarse en su gestión y colaborar solidariamente del fondo.

«La financiación de proyectos a través del Fondo Social de la Cultura se vinculará con el desarrollo de buenas prácticas, garantizará la pluralidad y diversidad de manifestaciones artísticas y culturales, fomentará el desarrollo del tercer sector (asociaciones y emprendedores sin ánimo de lucro), valorará y garantizará el retorno artístico, cultural y social, se regirá por principios que aseguren el control del gasto de fondos públicos y el seguimiento de los proyectos, contemplará un mayor abanico de modalidades, se dirigirá a una diversidad más amplia de agentes, proyectos, actividades e iniciativas receptoras que las actuales subvenciones y ayudas públicas y facilitará el acceso y programación de artistas y productores independientes. El Fondo Social de la Cultura permitir desligar la financiación de las actividades culturales de los intereses privados, particulares o corporativos, como sucede en la actualidad, en aras de una cultura más diversa y sostenible. En colaboración con las administraciones autonómicas y locales, también se destinará a la rehabilitación, reforma y recuperación para actividades culturales de espacios inadecuados, infrautilizados o en desuso. Pues bien, dentro del Fondo Social de la Cultura, se constituirá una Sección del Audiovisual que, a diferencia del antiguo Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual y de acuerdo con la nueva Ley de Mecenazgo y Patrocinio, no se nutrirá exclusivamente de los Presupuestos Generales del Estado sino de nuevas fuentes y fórmulas de financiación directamente vinculadas a la actividad del sector audiovisual, como podrían ser porcentajes o tasas sobre las entradas, los productos audiovisuales doblados o el número de copias en distribución de las películas, evitando, en cualquier caso, procesos de doble fiscalidad y aportación en cualquiera de estas medidas. Esta Sección servirá para apoyar y financiar todos los procesos del sector audiovisual: creación, producción, distribución, exhibición, formación, consolidación de públicos y preservación del patrimonio».

AV451: Otras medidas incluidas en el programa son el Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura ¿podrías profundizar en ellas?

A.A: «El Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura, con rango de norma jurídica y adaptado a las características de intermitencia del sector cultural, es una herramienta clave para luchar contra la precariedad laboral, la inseguridad que define al sector y que en los últimos años las políticas conservadoras han incrementado. El Estatuto ha de comprender tanto la actividad desarrollada por aquellos que realizan su trabajo por cuenta ajena como quienes lo hacen por cuenta propia, contemplará la especificidad de los ingresos de corte irregular de los profesionales de la cultura y promoverá una fiscalidad que se adapte a sus necesidades y que desemboque en una tributación justa tanto para la Hacienda Pública como para los interesados, sin olvidar garantizar los derechos de protección social del sector y su representatividad sindical. Entre otras medidas fiscales, para todo tipo de autónomos, la liquidación de los impuestos trimestrales se vinculará con la fecha de pago del servicio prestado y no con la de emisión de la correspondiente factura, como sucede en la actualidad. En el caso de trabajadores intermitentes, cuyas rentas sean elevadas pero irregulares en el tiempo, se establecerá un criterio de prorrateo a los efectos de aplicación del tipo fiscal correspondiente, con el objetivo de garantizar sobre estas rentas la progresividad contemplada en la LIRPF y permitir a artistas y trabajadores de la cultura que los periodos de preparación y movilidad sean considerados como actividad laboral y/o profesional no solo a efectos fiscales sino también de protección social. Así mismo, se modificará el grupo específico de epígrafes en el IAE para adaptarlo a las nuevas necesidades de los profesionales culturales por cuenta propia, con la idea de unificar al sector y vincular las medidas expuestas a sus características concretas».

«En el terreno de la Seguridad Social se incluirá un régimen específico de intermitentes culturales, enmarcado tanto dentro del Régimen General, para trabajadores por cuenta ajena, como del de Autónomos, para trabajadores por cuenta propia, a fin de contemplar todas las posibles situaciones profesionales en las que artistas y trabajadores de cultura pueden encontrarse. Se buscará fomentar la contratación laboral y eliminar el sistema de falsos autónomos, incorporando el sistema de intermitencia en el régimen general cuando las características específicas de la prestación del servicio así lo determinen e independientemente del modelo de contratación seleccionado por el empleador. En el caso de los trabajadores autónomos, se modificará el sistema a fin de que les permita desarrollar su profesión sin necesidad de altas y bajas constantes, se reconozca en materia de prestaciones las especificidades del empleo intermitente y se garantice un pago de cuotas acorde y proporcional a los ingresos percibidos. Dentro del régimen de Seguridad Social, serán contempladas las enfermedades y lesiones provenientes del desempeño de la labor artística y técnica para crear un régimen de baja laboral que respete la especificidad de la situación de estos trabajadores y sus periodos de empleo, independientemente de si los mismos son productivos o no».

«Para el caso de los trabajadores de la cultura intermitentes, se recogerá en el Estatuto la jurisprudencia establecida por las Sentencias del Tribunal Supremo de 29/10/97 y 23/09/02, según las cuales no se requiere el alta en la Seguridad Social siempre y cuando la actividad profesional desarrollada no sea la habitual y el régimen de ingresos derivado se encuentre por debajo del IPREM. En el mismo sentido, se modificará el régimen de pluriempleo en la Seguridad Social a los efectos de garantizar una mayor reducción de las cuotas en la compensación. El Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura contemplará modificaciones al Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical a los efectos de garantizar el efectivo derecho de los trabajadores intermitentes a estar debidamente representados y participar activa y democráticamente en las negociaciones colectivas. En el marco de este Estatuto y para fomentar la actividad artística sin ánimo de lucro, se modificará la Ley 27/1999 de Cooperativas a los efectos de permitir la creación de cooperativas de trabajo asociado entre los trabajadores del sector cultural cuyo funcionamiento interno se corresponda con las particularidades de la actividad cultural, al tiempo que se vincule al sector con las prácticas propias de la economía colaborativa, social y solidaria».

AV451: Igualmente, ¿qué es el Estatuto de la Información?

A.A: «Es una reivindicación histórica del sector que los viejos partidos jamás han escuchado. Por eso queremos desarrollar, junto con las organizaciones profesionales y sectoriales, un Estatuto con capacidad de norma jurídica que recoja el derecho de la ciudadanía a una información veraz y, al tiempo, los deberes y derechos de los profesionales y de los medios para garantizar la independencia frente a presiones, su seguridad, las garantías de libertad de expresión y a desarrollar elementos y aplicar elementos específicos como la Cláusula de Conciencia o el derecho a formar Consejos de Redacción, de acuerdo al Código Deontológico aprobado por la Comisión Europea».

AV451: ¿Puedes desarrollar las claves de la nueva Ley de Propiedad Intelectual?

A.A: «Para nosotros los creadores son fundamentales. Como lo son los usuarios.  Por eso hay que acabar con esa brecha que ha abierto trincheras. Una brecha interesada. Una brecha absurda en medio de la revolución digital. Por eso, vamos a convocar a representantes de la ciudadanía, titulares de derechos, industrias culturales y empresas tecnológicas para alcanzar y promover un nuevo pacto social que acerque a creadores, intermediarios y a la ciudadanía, equilibre sus intereses sociales y configure un sistema de Propiedad Intelectual más equitativo, sostenible y justo. Es necesario abandonar la actual vía fundamentalmente punitiva, que se ha revelado ineficaz, para construir un marco capaz de fomentar el acceso de la ciudadanía a la cultura, revalorizar la cultura como bien común, promover la pluralidad de modelos de difusión cultural y garantizar la sostenibilidad del sector, así como, en el marco de la normativa europea vigente, ajustarse a nuestra realidad cultural y tecnológica. Se pondrá en valor a los autores, intérpretes y al resto de titulares de derechos de propiedad intelectual como generadores de obras y contenidos culturales, fomentando la flexibilidad en los modelos de difusión de la cultura y la autonomía de los creadores. Por último, se devolverá al poder judicial la competencia exclusiva de decidir qué páginas webs y servicios de la sociedad de la información infringen o no la normativa sobre propiedad intelectual y sus consecuencias, deshaciendo la atribución que la denominada Ley Sinde-Wert realizó a una Comisión dependiente del actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte».

«A partir de estos principios, se impulsará una Ley de Propiedad Intelectual para, entre otras cosas,  posibilitar nuevos usos legales y gratuitos de obras protegidas en el ámbito de la enseñanza e investigación, ampliando el límite de ilustración a la enseñanza dispuesto en la norma; ampliar el concepto de cita para adaptarlo al contexto y la realidad actuales; posibilitar nuevos usos legales y gratuitos para la creación de obras derivadas de obras protegidas cuando se realicen sin ánimo de lucro; ampliación del concepto de copia privada. La ampliación del concepto se hará sin perjuicio del establecimiento de un modelo adecuado de remuneración compensatoria para los autores y demás titulares de derechos, tal como obligan las directivas europeas; eliminar el canon AEDE o Tasa Google; impulsar la difusión sin ánimo de lucro y el acceso legal y gratuito a obras nuevas financiadas con dinero público, por un tiempo medio o formato determinado, y pasado el plazo suficiente desde la primera divulgación para asegurar su amortización y explotación, en consonancia con la actividad de la nueva Plataforma de Cultura Abierta (PLACA); priorizar el software libre sobre el privativo en las administraciones públicas cuando existan herramientas libres equivalentes a las propietarias; promover que entidades de gestión de derechos, ya existentes o de nueva creación, garanticen el ejercicio de los derechos de gestión colectiva obligatoria que la norma considera irrenunciables a todos aquellos titulares que quieran ofrecer sus obras mediante licencias abiertas o libres. Así mismo, apostamos por dinamizar el ámbito de actuación de las entidades de gestión y relajar los requisitos legales para su creación. También por introducir mecanismos que aseguren su gestión responsable, transparencia y democracia interna, controles en sus tarifas, e implantar progresivamente la obligatoriedad de que sus repertorios sean públicos; contemplar el carácter de autores a periodistas, directores de escena y diseñadores escénicos y audiovisuales, entre otros».

AV451: ¿Cómo se implementará la Escuela de Espectadores para el cine y la televisión?

A.A: «Para nosotros es fundamental, como hemos señalado, el cambio de paradigma, es decir, buscar el público, crearlo, consolidarlo. Ampliar el acceso desde la diversidad de la oferta y el disfrute. Ir más lejos. Y desde ahí rediseñar el ciclo completo. Es una apuesta global, un Plan Operativo de Acceso y Disfrute de la Cultura, completado, además, con un Plan de Audiencias Activas, un Plan de Fomento de la Cultura Digital y un Plan de Fomento de la Diversidad Cultural, con el objetivo de acercar al público la enorme variedad cultural que se produce actualmente y, a la vez, queriendo apoyar a nuestros creadores desde el apoyo a la pluralidad. Y habrá acciones específicas en el ámbito audiovisual: por ejemplo, se llevará a cabo un mapeo de todas aquellas experiencias de educación audiovisual no reglada que existen en España con vistas a la integración de todas ellas en una red educativa. Al mismo tiempo, la Escuela de Espectadores (como sistema de específico de mediación cultural y formación de públicos de carácter transversal, es decir, común a todas las artes) se encargará de llevar el cine y las obras audiovisuales a centros cívicos y culturales, con elementos didácticos y de participación, un circuito abierto de exhibición, análisis, formación y disfrute. La EDE incluirá también un programa que lleve a los estudiantes al cine en horarios que no choquen con la programación comercial.   Aprender a ver es tan importante como aprender a leer. Ese aprendizaje deber estar presente de manera permanente y transversal en la formación escolar. Es por eso que la educación del audiovisual, en particular, y la alfabetización mediática, en general, se incorporarán a los planes de estudio de Primaria, Secundaria y Bachillerato con la idea de crear una ciudadanía crítica y proactiva en su relación con el audiovisual y los medios de comunicación. El cine y el audiovisual no deben ser entendidos como asignaturas marginales sino como un conocimiento fundamental para entender y pensar el mundo contemporáneo. Pero hay que ir más allá: la formación y la consolidación de públicos ha de ser un trabajo permanente y coordinado, presente en las instancias escolares, pero también en los centros culturales y en la propia red audiovisual. Y, reforzando todo el proyecto, para que las ayudas a la producción tengan un retorno social, aquellas obras audiovisuales que hayan recibido apoyo de la administración pública se difundirán, por un tiempo, medio o formato determinado y pasado el plazo suficiente desde la primera divulgación para asegurar su amortización y explotación, a través de una plataforma de alfabetización audiovisual integrada en PLACA y destinada a la comunidad educativa. Así mismo, se buscarán mecanismos para que las obras audiovisuales que hayan recibido apoyo de la Administración se integren en las redes públicas y mixtas de distribución y exhibición».

AV451: Habláis del Operativo de Internacionalización de la Cultura Producida en España… En este sentido, ¿qué medidas tenéis previsto poner en marcha si gobernáis?

A.A: «La internacionalización de la cultura será un eje de acción relevante dentro de la estrategia para hacer de la cultura una herramienta de cohesión social, de cooperación internacional y un motor económico, comprendiendo las diferentes áreas geográficas no como nichos de mercado, sino también como espacios culturales de alto interés social. Dando a conocer la cultura producida en España en el exterior se consiguen distintos objetivos: trasladar la realidad de que España es un importante polo de creación cultural, incrementar el intercambio de conocimiento y experiencias entre agentes culturales, aumentar la visibilidad e influencia de nuestra cultura en el extranjero incentivando su acceso y consumo y atraer inversiones extranjeras a proyectos culturales que surgen y se desarrollan en España. Para apoyar a los profesionales de la cultura, a las asociaciones, cooperativas y empresas en su labor de internacionalización y trasladar esa realidad de polo cultural, se pondrá en marcha una oficina de mediación que operará con el sello EsCultura. Bajo este sello, la oficina establecerá una acción coordinada y común para asistir a los agentes culturales de todas las expresiones artísticas y facilitarles el acceso a fondos y subvenciones extranjeras garantizando una presencia continuada en los foros culturales internacionales. Se favorecerá la difusión en el extranjero de proyectos de pequeña, mediana y gran escala, representativos del rico y plural tejido cultural de nuestro país, a través de intercambios, becas, giras, producción de eventos, festivales, exposiciones, encuentros, pitchings y clusters tecnológicos. Como oficina de mediación, EsCultura favorecerá la cooperación entre las acciones culturales que en la actualidad llevan a cabo la administración central y las autonómicas y locales y los distintos organismos que operan en este ámbito: Instituto Cervantes, AECID, Acción Cultural Española, Institut Ramón Llull, Institut d’Estudis Baleàrics, Ministerio de industria, Instituto de Comercio Exterior, Centros Culturales de España, embajadas españolas en el extranjero y Fundación Carolina.  En lo que atañe específicamente al audiovisual, el nuevo ICAA deberá rediseñar sus políticas de promoción del cine español fuera de nuestro país coordinando para ello sus iniciativas con festivales dentro y fuera del país y con las iniciativas en la misma línea de las CCAA, el ICEX y el Instituto Cervantes».

AV451: ¿Cómo vais a gestionar el tema de la Piratería audiovisual?

A.A: «Para nosotros, y más allá de miradas represivas, lo fundamental es hacer más fácil y accesible, más deseable, lo legal que lo a-legal. Y en ese sentido, se pondrá en marcha un Plan de Fomento de la Cultura Digital. Con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía al acceso a la cultura, la protección a los creadores, la sostenibilidad y pluralidad de modelos de difusión cultural en el entorno digita se apoyarán y fomentarán las plataformas de acceso legal a obras y contenidos culturales, y se impulsarán nuevos modelos de negocio que ofrezcan alternativas legales y atractivas a la ciudadanía. No sólo se fomentarán estas plataformas en el plano económico, sino que también se establecerá un marco de mediación entre los titulares de derechos sobre las distintas ventanas de explotación de las obras y las plataformas de acceso legal. Pero, además, con vistas a ir más allá de un modelo ineficaz, basado en la represión de la descarga sin ánimo de lucro de contenidos, y alcanzar el indispensable equilibrio entre el libre acceso de la ciudadanía a la cultura y el sostenimiento de los autores, titulares de derechos, industrias culturales y empresas tecnológicas, se creará una Comisión experta con representación de todos los agentes implicados, con el compromiso de evaluar, repensar y proponer dichos modelos, así como de buscar alternativas de remuneración y/o compensación para los creadores y otros titulares de derechos por los nuevos usos que se hacen de sus obras en Internet».

AV451: Por último, me gustaría saber que presupuesto tenéis previsto dedicar a Cultura y a organismos como el ICAA, a las ayudas a la cinematografía, etc.

A.A: «Todo el posible. Todo el imprescindible. Todo el necesario. La cultura, el cine, el audiovisual, no es un adorno. Es un es un derecho básico, un bien común y un sector productivo estratégico. Es un imaginario, una manera de vernos y de contarnos, de compartir. No queremos que la política cultural se dicte desde el Ministerio de Hacienda. Por eso, además de consolidar y aumentar presupuestos, lo fundamental es hacer políticas que trabajen por la autonomía y la sostenibilidad del sector. La clave es la gestión transparente, la limpieza de todos los procesos. No tiene sentido que, después de más de treinta años de ayudas e incentivos públicos, una crisis económica haga temblar todo el sector. Y menos aún que se permitan prácticas tramposas que, con la connivencia de los propios poderes públicos, ensucien la imagen del sector».