Hace un mes, la FORTA anunciaba la puesta en marcha de la producción de ‘El Faro’ (título provisional), una nueva serie de ficción destinada a la sobremesa diaria que se emitirá en todas las televisiones autonómicas públicas que se engloban en la Federación. En el proyecto participan todos los socios y Canal Extremadura y ya han surgido los primeros problemas en la producción: más de 23 asociaciones de profesionales audiovisuales apoyan un comunicado de Coordinadora de Profesionais do Audiovisual Galego en el que revelan los escasos sueldos que se están proponiendo a técnicos y actores y ciertas carencias que tiene la producción tratándose de un ente público.
Reproducimos a continuación una traducción del comunicado de Coordinadora de Profesionais do Audiovisual Galego, refrendado por 23 asociaciones del sector:
«Coordinadora de Profesionais do Audiovisual Galego -compuesta por la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG), a Asociación de Guionistas de Galicia (AGAG), a Asociación de Técnicos do Audiovisual de Galicia (ATEGA) e a Asociación de Directores e Realizadores (CREA)- quiere informar a todo el sector público de que desde hace alrededor de un mes está recibiendo un creciente número de quejas de los profesionales de todo el Estado en relación con el proyecto de la serie ‘El Faro’, una producción financiada en un 50 por ciento por la TVG y en el que participan casi todas los televisiones de la FORTA (Federación de Organizaciones e Instituciones de Radio y Televisión Regional).
En casi todas las alegaciones que se muestran, se repiten dos aspectos de esta producción que, a los ojos de los profesionales del sector, son alarmantes:
Las empresas responsables de la producción de la serie (Agallas Films, Cinemar, Zenit TV y Pórtico) ofrecen a técnicos, escritores y directores unos ingresos que están muy por debajo de los precios actuales del mercado, esta reducción es especialmente significativa en el caso de los actores y actrices, a los que se les ofrecen condiciones que no se acercan en absoluto al mínimo establecido en el convenio colectivo. A esto hay que añadir que a los trabajadores no se les ofreció ninguna contraprestación a las reducciones salariales y que estas condiciones fueron impuestas unilateralmente por el responsable de la producción de la serie, evitando establecer cualquier negociación previa con las asociaciones profesionales del sector. Esta forma de proceder, denunciable y reprobable en cualquier producción, es absolutamente inaceptable en un trabajo que se paga en su totalidad con fondos públicos.
De acuerdo con la información que tenemos, la serie se encuentra en un contexto en el que deliberadamente se obvia cualquier referencia a la identidad cultural específica de cada comunidad autónoma en la que la serie se va a emitir. Esto no sólo no se ajusta a los principios de defensa y promoción de la lengua y la cultura propias por las que se rige la programación de las autonómicas públicas, tal y como se recoge en “La ley de creación de CRTVG”, sino que también es una absurda paradoja que choca con los valores de la defensa de la diversidad cultural y lingüística de estas televisiones.
Coordinadora de Profesionais do Audiovisual Galego considera que las alegaciones formuladas por los profesionales de dentro y fuera de la región están más que justificadas y declaran su compromiso con la defensa de los derechos de las personas que trabajan en la industria, así como en la protección y preservación de los principios en que se basa la nuestro modelo de televisión pública.
Asimismo, expresa su profunda preocupación por el daño que un proyecto de esta naturaleza puede causar a la reputación de nuestra industria valorada en el sector audiovisual por la profesionalidad de sus trabajadores y la calidad de sus productos, así como a nuestra televisión pública, que hasta ahora siempre ha destaca en la producción de series de calidad competitiva y ha contribuido de manera decisiva a la promoción de la lengua y de nuestra identidad cultural.
Coordinadora de Profesionais do Audiovisual Galego precisa que no cuestiona la viabilidad de las nuevas formas de coproducción y financiación en este momento tan necesarias para el mantenimiento de la industria audiovisual, pero entiende que estas iniciativas no pueden utilizarse como excusa para violar los derechos de los trabajadores, u obligaciones específicas de servicio público de la televisión regional.
Por último, Coordinadora de Profesionais do Audiovisual Galego pide unidad al sector para resolver el problema, tanto a las productoras encargadas de hacer la serie, como a TVG y al resto de las televisiones que financian la producción, para que consideran el impacto negativo que este proyecto, tal y como está concebido, puede causar en nuestra industria y para que tomen las medidas apropiadas para reorientarlo, de manera que cumpla con los requisitos mínimos de trabajo y obligaciones de servicio público necesarios para las producciones de la televisión pública.»
