En 2016 fue el primer año de la última década en el que la piratería descendió en España. La Coalición de Creadores e Industrias de contenidos, que agrupa a la principales entidades del sector de la cultura y el entretenimiento de España, ha elegido para hacer este anuncio y presentar una nueva edición del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales, el Auditorio de la Secretaría de Estado de Cultura en Madrid.
Nada es por casualidad ni los resultados ni el escenario elegido, «este comienzo de año hemos confiado en el nuevo equipo de la Secretaría de Estado de Cultura y esperamos que este cambio sea positivo», ha declarado la Directora General de La Coalición, Carlota Navarrete, durante la presentación. En 2016 hubo 4.128 millones de accesos ilegales a contenidos en España, un 4,2 por ciento menos que en 2015, por valor de 23.294 millones de euros (-3,2 %), pero aumentó un 6,8 por ciento el lucro cesante (lo que un ciudadano compraría si no tuviera acceso a los contenidos de manera gratuita en la red) sufrido por las industrias culturales y de contenidos, alcanzando los 1.783 millones.
Una buena noticia el descenso de la piratería después de diez años, pero sin duda insuficiente. Sin ir más lejos todavía el 84,5% de los contenidos consumidos en Internet en España son ilegales, únicamente dos puntos y medio menos que en 2015. Además los usuarios que alguna vez han pagado por un contenido descargado de una web pirata alcanza el 11 por ciento, frente al 9 por ciento de 2015 y solo el 5 por ciento del año 2014.
Tampoco son muy halagüeños los datos que se desprenden de la aplicación de la normativa antipiratería en España. La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual solo ha bloqueado seis páginas webs ilegales en España frente a las 650 Portugal o las 600 de Italia, un país que precisamente calcó la legislación española. «Solicitamos una mayor inmediatez, porque los procedimientos son lentos. Además también reclamamos más recursos para luchar contra la piratería y la complicidad de la Administración», ha manifestado Navarrete, que además ha sido optimista respecto a 2017: «Ha habido cambios en algunos expedientes de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y creo que esto podría dar lugar a una reducción de la piratería superior al cuatro por ciento en 2017, pero todo dependerá de lo que se haga a nivel privado y público, es pronto para pronunciarse».
El volumen de películas al que se accedió ilegalmente durante 2016 fue de 789 millones, cuyo valor en el mercado sería de 6.935 millones de euros frente a los 6.907 de 2015. El 33 por ciento de los accesos se produjo cuando la película aún se estaba proyectando en salas de cine, frente al 36 por ciento de 2015. El valor actual de la industria del cine en España, según el estudio, sería de 807 millones de euros y en un escenario sin piratería se estima que podría crecer esa cifra un 71 por ciento, es decir, 573 millones de euros más, que es el lucro cesante actual.
En el caso de las series, un 27 por ciento de usuarios accede ilegalmente a las mismas, sumando 959 millones los capítulos reproducidos o descargados ilícitamente durante 2016. Su valor en el mercado es de 1.577 millones de euros y el 39 por ciento de los accesos tuvo lugar durante el periodo de emisión en televisión (46 % en 2015). El valor de la industria en el apartado de series de televisión en España estaría fijado en unos 125 millones de euros y en un escenario sin piratería se incrementaría, según el GfK, un 137 por ciento hasta alcanzar los 296 millones de euros, es decir 171 millones de euros más que en la actualidad. «El cine español goza de buena salud, a pesar de la piratería y el IVA del 21 por ciento. Necesitamos seguridad jurídica y leyes valientes pero sobre todo aplicar medidas eficaces para combatir la piratería», ha señalado Estela Artacho, presidenta de la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine).
En lo que respecta a los videojuegos, fueron 223 millones los accesos ilegítimos durante 2016. El valor de estos productos alcanzaría los 5.608 millones de euros. El 45 por ciento de los videojuegos a los que se accedió ilegalmente estaba en el mercado desde hacía menos de un año (53 % en 2015). La industria de videojuegos genera en España 744 millones de euros, sin piratería esa cantidad de incrementaría un 33 por ciento, 247 millones de euros más, hasta rozar los mil millones de euros. «Queremos que nuestro Gobierno nos proteja de igual manera que se hace en el resto de Europa. En el caso de los videojuegos podríamos doblar nuestro mercado si desapareciese la piratería», aseguró José Manuel Tourné, Director General de la Federación para la protección de la propiedad intelectual (FAP), que ha apuntado como curiosidad que existen videojuegos que son más descargados en webs piratas a pesar de que en la web oficial también se puede acceder a ellos de manera gratuita y legal, «eso se debe a la costumbre que hay de piratear en España», concluyó Tourné.
Además, durante 2016 se visualizaron de forma ilegal un total de 122 millones de partidos de fútbol en un 10 por ciento de los hogares de España, un punto menos que en 2015. El valor de mercado de dichas retransmisiones supera los 369 millones de euros. La mayor justificación para ver retransmisiones pirateadas es que “los futbolistas ya ganan mucho dinero” (72 %) y que “acceder a través de otros sistemas es muy caro” (58 %). “Ver el fútbol sin pagar no perjudica a mi equipo” es argumento del 41 por ciento de usuarios y “no perjudica a nadie” del 36 por ciento. Estas razones se apoyan en que, según un 25 por ciento de los ciudadanos, “lo hace todo el mundo”. «Las campañas de concienciación están dando resultados. Luchar contra la piratería es bueno para la sociedad en general pero no tenemos tiempo, estamos compitiendo ferozmente y si no actuamos podemos convertirnos en un sector residual», ha comentado Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga.
En otros contenidos como la música, durante 2016 se accedió ilícitamente a 1.661 millones de contenidos musicales, con un valor de mercado de 5.767 millones de euros. Aumentó el número de consumidores que accedió a contenidos ilícitos, que pasó del 21 por ciento de 2015 a más del 26 por ciento en 2016. El 48 por ciento de los accesos correspondieron a contenidos con menos de un año de antigüedad desde su lanzamiento comercial (51 % en 2015). En 2016 se contabilizan también 374 millones de accesos ilegales a libros en Internet, con un valor de mercado de 3.103 millones de euros. Aumentó el número de consumidores que accedió a contenidos ilícitos, que pasó del 21 por ciento de 2015 a más del 22 por ciento en 2016. Más del 40 por ciento de los accesos se materializaron en contenidos con menos de un año de antigüedad (45 % en 2015). Los porcentajes de individuos que realizan accesos ilícitos según tipo de contenido son música (26 %), películas (32 %), videojuegos (12 %), libros (22 %), series (27 %), y fútbol (10 %).
Estos son algunos de los principales datos que recoge el Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2016, elaborado por la consultora independiente GfK. “La situación demuestra que las medidas legislativas tienen una incidencia positiva pero los resultados de su aplicación siguen siendo insuficientes. Necesitamos que se dediquen más medios y una mayor agilidad en el procedimiento. Estamos ante el primer descenso de la piratería en los últimos diez años y es una gran oportunidad para revertir el gran perjuicio que ocasiona a los creadores y a las industrias pero también al empleo, las arcas públicas y la competitividad de nuestro país en el mercado global. Queremos estar al nivel de los resultados de los países de nuestro entorno, como Italia o Portugal, y aproximarnos lo más posible a Reino Unido, Francia o Alemania”, señala la directora de la Coalición.
Por su parte, el anfitrión de este año para la presentación del estudio, Óscar Sáenz de Santa María, Director General de Industrias Culturales y del Libro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha puesto el foco en el Plan Cultura 2020 mediante el cual se pretenden reforzar los recursos humanos de la la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, además de dotarla de medios técnicos más avanzados y de un moderno software que reduzca los tiempos de muestreo de las webs. También se quiere implicar más a la Fiscalía General del Estado con la creación de una fiscalía específica para piratería y está previsto realizar más campañas de concienciación, con especial atención a los usuarios escolares. «La piratería no solo es un problema económico también es un problema moral. Este año ha habido una leve mejoría pero tenemos que trabajar para que sea irrelevante, tiene que haber cooperación entre los actores privados y los públicos para luchar contra la piratería de la mejor manera. No soy triunfalista, tenemos un enemigo difícil de batir y lo tenemos que hacer entre todos», ha declarado Sáenz de Santa María.
Otros datos destacados del estudio
El 47 por cietno de los consumidores que acceden a contenidos ilegales lo justifican argumentando que “los contenidos originales son muy caros”. Además, entre los motivos expuestos destacan la “rapidez y facilidad de acceso” (42 %); “ya pago mi conexión a Internet” (47 %); y “no pago por un contenido que posiblemente luego no me guste” (37 %). Todos estos porcentajes son, en cualquier caso, inferiores a los recogidos en 2015, aunque se mantiene respecto al anterior Observatorio el peso de las justificaciones “no estoy haciendo daño a nadie” y “no hay consecuencias legales para el que piratea, ya que no pasa nada”, con 24 % de usuarios en ambos casos, frente al 29 % y 26 %, respectivamente, en 2015. Estas justificaciones son expresadas tanto por consumidores de contenidos culturales y de entretenimiento como de retransmisiones de fútbol (36 %) lo que evidencia que se trata de un problema generalizado y que siguen faltando mensajes claros por parte de la Administración.
El 68,3 por ciento de los usuarios que contratan Internet tiene en cuenta principalmente que la velocidad de la conexión le permita acceder a contenidos con mayor rapidez. Un 51,3 % valora especialmente la oferta concentrada (packs de ADSL o fibra más contenidos) a la hora de elegir a la compañía con la que contratar internet. Respecto a la forma de acceso se mantiene el peso de los buscadores como principal vía de acceso a los contenidos ilegales, con un 78 por ciento, siendo Google el utilizado en nueve de cada diez accesos a contenidos piratas.
Asimismo, más de un 67 por ciento de las webs desde las que se accedió a contenidos ilegales están financiadas por publicidad. De dicha publicidad, el 69 por ciento corresponde a sitios de apuestas y juego online, el 52 por ciento a sitios de contactos y el 39 por cieto a contenidos para adultos. Llama especialmente la atención que más de un tercio de la publicidad en los sitios piratas (37,6 %) corresponde a productos de consumo de marcas de prestigio de alimentación, moda, seguros, telefonía, etc., lo que confirma la urgente necesidad de una mayor colaboración entre industria y anunciantes para mejorar el ecosistema de la publicidad online.
En cualquier caso, las fuentes de ingresos de estos sitios son variadas, destacando especialmente que más de un tercio de los consumidores (33,8 %) tuvo que registrarse como usuario cediendo datos de carácter personal, que los piratas recopilan en bases de datos que se usan en campañas de emailing comercial y alcanzan precios muy elevados en el mercado. Los sitios piratas también consiguen datos con mucho más valor del que se puede suponer a priori y que les permite obtener importantes beneficios económicos, como por ejemplo los hábitos de navegación en la web, otras páginas web que visita el consumidor, sus preferencias, cosas que le gustan, qué compra, etc.
Por otro lado, los medios de pago juegan un papel importante en el funcionamiento de los sitios piratas, especialmente en los casos en que estos sitios comercializan cuentas premium, reciben donaciones o sistematizan el envío de mensajes de móvil al usuario registrado para informarle de la existencia de nuevos contenidos en la web. Los usuarios que han pagado alguna vez por el contenido que ha descargado de estas páginas alcanza ya el 11 por ciento (fue el 9 % en 2015 y era solo el 5 % en 2014).
Mientras siete de cada diez consumidores recuerdan campañas de comunicación contra la violencia de género y más de seis de cada diez recuerdan campañas de seguridad vial, apenas dos de cada diez recuerdan campañas contra la piratería digital, con un descenso significativo del conocimiento de las mismas del 27 al 23 por ciento, pasando de la quinta a la sexta posición en porcentaje de conocimiento desde 2014, y por detrás de las campañas contra el excesivo consumo de alcohol o contra el fraude fiscal.
La repercusión de la piratería en el empleo aporta cifras aún más preocupantes para los creadores y las industrias de contenidos. En un sector que emplea actualmente a 65.926 trabajadores directos, un escenario sin piratería podría permitir crear 21.697 nuevos puestos de trabajo directos, lo que supondría un incremento del 33 por ciento, y unos ciento diez mil empleos indirectos más.
Según el estudio de GfK, las arcas públicas podrían estar dejando de percibir por culpa de la piratería casi 361 millones de euros en concepto de IVA, así como 166 millones en cotizaciones a la Seguridad Social y 49 millones de euros en IRPF. Es decir, el Estado podría haber ingresado en 2016 un total de 576 millones de euros más de no ser por los accesos ilegales a contenidos, sumando un acumulado desde 2012 de 2.772 millones de euros.
Las medidas más eficaces contra la piratería a juicio de los propios internautas serían bloquear el acceso al sitio web que ofrece los contenidos (68 %) y sancionar a los proveedores de internet (61 %). Después de esas dos, según los consumidores, las mejores medidas para reducir las infracciones serían sancionar a los usuarios infractores con multas (53 %) y desarrollar campañas de concienciación social contra la piratería (52 %).
Resumen ejecutivo del Observatorio de la piratería 2016.
