En unos tiempos convulsos a nivel político, los productores catalanes agrupados en PROA abogan por el diálogo. Sería justo decir que en la federación no sólo hay empresas catalanas, porque desde hace un tiempo integran también a compañías de otras partes del Estado, como las islas Baleares. Obviamente, los responsables de PROA no son ajenos al desafío secesionista del Gobierno de la Generalitat pero eso no ha sido obstáculo para presentar en San Sebastián una propuesta global integradora, abierta, debatible para la financiación del sector audiovisual de todo el territorio español.
PROA (Productores Audiovisuales Federados), con el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), ha elaborado un estudio que ha derivado en una «propuesta para un nuevo modelo de financiación del sector audiovisual español». Para ello, se han analizado los mecanismos de financiación audiovisual de 22 países del entorno europeo. Fundamentalmente, las bases del análisis son las diferentes aportaciones que realizan al audiovisual tanto la administración pública, como las televisiones, el sector de exhibición cinematográfica y otros ingresos procedentes de apartados ajenos al audiovisual y la cultura como la lotería o incluso un canon para financiar la televisión pública.
Cabe señalar que de los 22 países analizados, 21 cuentan con fondos públicos destinados a financiar el sector audiovisual, en 14 países la televisión pública también hace una aportación al sector y en 9, además los operadores privados. La contribución indirecta de las televisiones públicas se da un cuatro países y en en seis contribuyen indirectamente también las televisiones privadas. El sector de exhibición aporta a la financiación audiovisual en nueve territorios de los 22. «Nos gusta pensar en términos de audiovisual no solo de cine. No entendemos como España tiene una de las peores políticas de audiovisual de Europa», ha comentado en la presentación en San Sebastián el presidente de PROA, Raimon Masllorens (Brutal Media).
Después de analizar los sistemas de cada país, PROA propone para España la creación de un Fondo Nacional Público de Apoyo al Sector Audiovisual, que denomina FASA, y estaría gestionado por el ICAA. Según las previsiones de los productores, este fondo tendría una dotación económica de 158 millones de euros en su primer año, procedente de los presupuestos generales del Estado, las televisiones de ámbito nacional, las plataformas de VoD, el sector de exhibición y el de producción.
En resumen, el Estado aportaría a través de presupuestos 66 millones de euros, un 10 por ciento menos que en la actualidad. La exhibición: 54 millones de euros procedentes de la rebaja del IVA. Esto es, como el tipo impositivo de las entradas de cine pasará en breve del 21 al 10 por ciento, esa diferencia del 11 por ciento no iría a la cuenta de resultados de los exhibidores ni les permitiría reducir el precio de la entrada, sino que revertería de nuevo en el sector audiovisual. Las televisiones seguirían con la obligación de invertir en cine el cinco por ciento de su facturación anual pero de esta cantidad, el 25 por ciento debería destinarse al nuevo fondo, unos 25 millones de euros según el estudio de PROA. Esto significa que el 75 por ciento restante sería el que dispondrían las televisiones para la inversión directa en producción, coproducciones o compra de derechos de antena. Por último, las empresas de servicios de Video On Demand aportarían por su parte un uno por ciento de su facturación total, que sería unos 13 millones de euros. De ahí saldrían los 158 millones de euros del fondo en el primer año.
«Creemos que es posible que España cuente con esa cantidad. Esto es solo una propuesta, no tratamos de imponer nada, insisto, solo es nuestra propuesta que se puede cambiar y que ponemos sobre la mesa para debatirla. La idea es consensuar un modelo con todo el sector. Con voluntad política creemos que todo es posible, nos estamos quedando a la cola de Europa y no nos lo podemos permitir», ha explicado el máximo responsable de PROA.
PROA propone repartir de la siguiente manera esos 158 millones de euros: Un millón de euros para la organización de festivales; tres millones para cortometrajes; 800.000 euros para financiar la asistencia de películas españolas a festivales; 60 millones de euros para ayudas generales y préstamos participativos; diez millones de euros para ayudas selectivas; siete millones para ayudas a desarrollo; cinco millones de euros para promoción y difusión; tres millones para distribución y la misma cantidad para exhibición; dos millones para producciones web; ocho millones de euros para videojuegos; 22 millones de euros para animación (cine y televisión) y 7,2 millones para documentales.
La aportación de la producción es más compleja. PROA propone introducir el concepto de préstamo participativo, con el objetivo de que se realice un retorno progresivo por parte de las productoras de la ayuda percibida, hasta cubrir la totalidad del importe, en el caso de que la producción obtuviera unos beneficios superiores a la cantidad consensuada entre la Administración y los productores. Esta modalidad estaría destinada a películas con clara vocación comercial.
«Creo que se trata de un estudio magnífico, lo hemos revisado con Hacienda, hay cosas que nos gustan y otras no, pero creemos que es un gran punto de partida para debatir. Estamos dando pasos para que el audiovisual sea un verdadero sector estratégico y nuestra predisposición para negociar es total», ha declarado el director general del ICAA, Óscar Graefenhein.
Además, PROA también sugiere impulsar la política de incentivos fiscales tanto para producciones nacionales como internacionales. Propone aumentar la deducción hasta el 30 por ciento respecto al primer millón y hasta el 25 por ciento cuando se rebase esa cantidad. También apoya rebajar el acceso al Tax Rebate a 200.000 euros, frente al millón de euros actual.
