Crucial en la financiación de obras audiovisuales en España son las ayudas públicas, como las del ICAA. A su vez, un factor definitorio en ellas es el reconocimiento del coste de producción. De él, entre otras cosas, dependerá el monto de la ayuda.
Aunque con formalidades, en la presentación del coste cabe cierto margen para el productor. Otro tanto ocurre en su reconocimiento por la Administración: si bien la mayor parte de su actividad es reglada, hay ámbitos de discrecionalidad. De lo anterior resulta que productor y Administración puedan discrepar en el coste y, en consecuencia, que el dinero otorgado sea muy inferior al esperado.
Debe recordarse que, pese a ciertos privilegios, la de la Administración no es sino otra opinión, tan respetable como la del productor, pero no más. La interpretación final de las leyes es competencia sólo de los Tribunales de Justicia.
Conviene afrontar las opiniones de la Administración cuando se opongan a nuestros intereses. Esto se hace en dos fases: primero ante la propia Administración y después ante los Tribunales de Justicia.
Son mayoría los productores que recurren de inmediato las resoluciones adversas en la vía administrativa. Por el contrario, son excepcionales los casos que llegan hasta la vía judicial. Es cierto que ésta es más cara y compleja, pues exige buen asesoramiento legal, pero no es menos cierto que no faltan sentencias que corrigen, a favor de los productores, las decisiones de la Administración. A veces por completo.
En conclusión: no todo está perdido, ni mucho menos, cuando la Administración nos deniega, en todo o en parte, alguna ayuda. Con decisión y buen asesoramiento, es posible enderezar situaciones que, a priori, pueden parecer sin remedio.
En próximos artículos os comentaremos algunos casos al respecto.
