El BOE del pasado sábado 13 de enero incluía el Real Decreto 2/2018 que desarrolla parte del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.
En primer lugar, establece la obligación de ceder las facultades de comercialización conjunta de los derechos audiovisuales de retransmisión a la Liga Nacional de Fútbol Profesional y a la Real Federación Española de Fútbol.
En segundo lugar, se diseña un sistema de reparto de los ingresos con criterios correctores que limitan las diferencias entre los participantes.
Por último, cada entidad asume las contribuciones obligatorias al Fondo de Compensación, para las políticas de promoción de la competición profesional y del fútbol aficionado y para las políticas del Consejo Superior de Deportes en apoyo de la Primera División del Fútbol Femenino, la Segunda División B del Campeonato Nacional masculino y las asociaciones de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos.
Un 3,5 por ciento de los ingresos derivados de la explotación de los derechos audiovisuales deberá destinarse al Fondo de Compensación. De ese 3,5 por ciento, un 90 por ciento irá a parar a los clubes que desciendan de Primera a Segunda y el resto a los que desciendan de Segunda División.
Además, se destinará el 1 por ciento de los ingresos procedentes de la comercialización de derechos audiovisuales al desarrollo del fútbol aficionado. Esta cuantía se repartirá entre las federaciones autonómicas, que, a su vez, la destinarán a la práctica del fútbol aficionado y a sufragar los gastos de expedición de licencias de personas con dificultades económicas.
El Decreto-ley también prevé una aportación de hasta un 1 por ciento al Consejo Superior de Deportes para la protección social de los deportistas de alto nivel y a financiar ayudas a deportistas que participen en competiciones internacionales.
El texto habla de otro 0,5 por ciento que se hará al Consejo para la protección social en el fútbol femenino y en la Segunda División B, así como para financiar el asociacionismo en el fútbol.
