En una intervención ante el Pleno del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Antón Reixa, presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), puso de relieve las nefastas consecuencias que tendría para los creadores y, especialmente, para los consumidores de Cultura la aprobación definitiva de la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual propuesta por el Gobierno.
Reixa insistió, asimismo, en la inequívoca interrelación que existe entre los autores y los usuarios culturales, cómplices necesarios: “Un autor se convierte en profesional de la creación cuando alguien disfruta de su obra, por tanto, nuestro objetivo es que se difunda, que se den a conocer nuestras creaciones. Queremos que se copien nuestros trabajos, que los descarguen de internet y que se escuchen en bares y en fiestas populares. Y el público, por su parte, desea disponer de más oferta, a mejor precio y de calidad”.
Para el presidente de la SGAE, si finalmente el Congreso da el visto bueno al anteproyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado el pasado 22 de marzo en Consejo de Ministros, los efectos se notarán en tres aspectos fundamentales: la copia privada, el funcionamiento de las entidades de gestión y la protección de los contenidos culturales en la red.
Con el modelo que se propone de compensación por copia privada, se genera para el consumidor, que ya ha de hacer frente a la misma a través de los Presupuestos Generales del Estado, una situación de inseguridad jurídica. De un lado, el ciudadano se verá imposibilitado de facto a realizar copias de contenidos adquiridos en la red, debido a las dificultades que le supondría verse obligado a solicitar autorización a los autores de esas obras. De otro, “no dispondrá de una buena oferta de difusión de contenidos, ya que estas medidas no hacen sino desincentivar el establecimiento de estos servicios de distribución en España”, como ha destacado Reixa.
Por si fuera poco, con el actual sistema, que carga a los presupuestos del Estado el pago de la compensación, no se ha conseguido rebajar el precio de los equipos y dispositivos aptos para las copias que adquieren los ciudadanos, además de reducir considerablemente las prestaciones que realizaban las entidades de gestión en los ámbitos de la formación, la promoción y la asistencia social y que beneficiaban a los creadores y a la población.
Por lo que respecta a la regulación de las Entidades de Gestión Colectiva, como la SGAE, los resultados pueden ser desastrosos. La liberalización de la administración de derechos no abaratará los precios por los usos del repertorio, sino que incrementará los costes de transacción. “Una radio deberá solicitar la licencia para el uso de un infinito repertorio de música a cada uno de los distintos operadores que gestionen los derechos de cada obra. En caso contrario, el titular podría demandarla judicialmente por no haber solicitado su autorización para utilizar ese repertorio. Así, el incremento de costes, tanto en gastos de gestión como por el incremento de la litigiosidad, haría inviable la supervivencia de la emisora de radio”, ha expuesto Antón Reixa.
El último de los aspectos a los que se ha referido el presidente de la SGAE ha sido el de la protección de los contenidos culturales a través de la red, destacando la ineficiencia de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, teóricamente encargada de tramitar las denuncias presentadas por los titulares de derechos que ven sus obras a disposición del público de forma ilícita en Internet.
Según Reixa, “las consecuencias de la falta de persecución efectiva de las webs de enlaces se manifiestan en perjuicios evidentes para los consumidores de contenidos culturales: ¿qué empresa de distribución de contenidos tendrá interés en instalarse en España? ¿Qué emprendedor/a en este país se atrevería con este tipo de servicio?”. En su opinión, “la falta de oferta no permite la rebaja de precios y ello dificulta el acceso de los consumidores a contenidos que los autores queremos dar a conocer. Solo el gratis total es la alternativa por el momento y eso no beneficia ni a unos ni a otros”. Reixa ha concluido su participación ante el Pleno del CCU incidiendo en la obligada colaboración entre autores y consumidores culturales: “estamos del mismo lado, por lo que será necesario remar juntos llegando a acuerdos”.
