Como estaba previsto, el peor escenario posible para la producción audiovisual independiente está servido. El 26 de mayo el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. La iniciativa tiene como objeto «regular la comunicación audiovisual de ámbito estatal» y establecer «normas aplicables a la prestación del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma», todo ello «sin perjuicio de las competencias autonómicas y locales en sus respectivos ámbitos».
El Partido Socialista se quedó muy solo, apenas contó con el apoyo del PNV, ni tan siquiera sus socios de Gobierno de Podemos dieron el sí, y la normativa salió adelante por la abstención del Partido Popular. La Ley logró 130 votos a favor, 83 noes y se abstuvieron 131 diputados, entre ellos los más de 30 de la formación de izquierdas que lidera Ione Belarra.
Se trata de la primera ocasión en la legislatura en que Podemos rompe su compromiso de voto en el Gobierno y no vota a favor de una Ley salida del Consejo de Ministros, pero la formación morada aduce que ese es precisamente el quid de la cuestión, que la Ley General de Comunicación Audiovisual votada el 26 de mayo en el Congreso no es la que salió del Congreso de Ministros, puesto que unos días antes de su refrendo en sesión plenaria, el PSOE introdujo de manera unilateral una modificación en el artículo 110.1, que básicamente convierte en «productores independientes» a televisiones y plataformas.
Unidas Podemos, junto a ERC y Bildu presentaron una enmienda para evitar que esta nueva definición de «productor independiente» saliese adelante, pero fue rechazada. La producción audiovisual independiente, a través de las sus principales asociaciones, AECine, DIBOOS, MAPA, PATE PIAF, PROA y Profilm, está dispuesta a estudiar la formulación de una denuncia a la escala de la UE para lograr que se cumpla con el espíritu de la transposición de la directiva europea y también a solicitar el amparo al constitucional.
La enmienda técnica de la discordia introducida por el PSOE en la redacción de la definición de productor independiente en la Ley General de Comunicación Audiovisual modificando el art. 110.1 es la siguiente:
1.” Se considera productor independiente a efectos de este capítulo a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual obligado a cumplir con lo establecido en los artículos 115 a 117 y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de UN (cambiado por DICHO) prestador del servicio de comunicación audiovisual”.
Los representantes de la producción independiente señalan que, a pesar de que literalmente pueda parecer mínimo el cambio introducido, lo cierto es que modifica la obligación general de no vinculación con un prestador, al limitar dicha obligación de no vinculación, exclusivamente, respecto del prestador con el que se contrata, lo que permite que las productoras dependientes de televisiones y plataformas puedan considerarse independientes solo contratando de forma cruzada con otros prestadores del servicio de comunicación audiovisual. «Es decir, las Productoras vinculadas a un Proveedor de Servicios de Comunicación, tendrán la consideración de Independientes cuando produzcan para otros Proveedores de Servicios de Comunicación compitiendo de forma desleal y con injusta ventaja con los verdaderos Productores Independientes. Estos Proveedores de Servicios de Comunicación (televisiones y plataformas) no sólo cuentan con las ventanas donde exhibir el contenido, sino que además tienen la plataforma donde se anuncia».
Los productores denuncian que esta modificación impulsa claramente la concentración inmediata de la industria, en el duopolio televisivo actual y en el medio plazo en las grandes plataformas internacionales. Los grandes operadores como Atresmedia, Netflix o Mediaset España podrán presentarse directamente a las ayudas al cine del ICAA como si fueran productoras independientes como Morena Films o La Canica y podrán utilizar sus propias productoras participadas para cumplir con la obligatoriedad de invertir el cinco por ciento de de su facturación en obra europea.
«Está garantizada la deriva al pensamiento único desde el punto de vista de la diversidad cultural. Va en contra del movimiento de la visión europea y su diversidad de la que el productor independiente es garante desde sus inicios. Pero no sólo tiene un impacto cultural, sino que con esta concentración se ponen en riesgo más de 25.000 empleos, de los que se pueden perder más de 17.000 y precarizar los 7.000 restantes. Además deja indefensos al talento y a los creadores frente a grandes conglomerados corporativos». Solo hay que echar un vistazo a los apoyos de empresas, instituciones y profesionales que han logrado los productores independientes para darse cuenta del calado de la medida.
- Dictamen del Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual.
- Relación de enmiendas mantenidas al Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual.
- Enmienda transaccional al Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual
