Se ha publicado el 18 de julio Resolución de la dirección general del ICAA por la que se notifica la lista definitiva de solicitudes admitidas y excluidas de las ayudas a la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España durante 2022.
Quedarían excluidos 12 solicitudes, mientras que se admitirían más de un centenar de solicitudes. El importe total de esta convocatoria asciende a la cantidad de 1.353.900 euros, que son 218.444 euros más que en 2021, lo que supone un incremento de casi un 20 por ciento. La cuantía individual no podrá superar el 50 por ciento de los gastos subvencionables y el importe máximo de la ayuda será de 150.000 euros.
Y es que el año pasado, el importe total de la línea ascendió a 1.135.456 euros, que en parte estaban financiados con fondos de la Unión Europea. Finalmente se concedieron en 2021 un total de 75 ayudas a festivales. La mayor cuantía se la lleva el 18º Festival de Sevilla, con un total de 106.000 euros, seguido del 59º Festival de Gijón, con 81.700 euros y la Seminci de Valladolid, que recibe 77.100 euros.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación.
En el caso de no impugnarla directamente, la resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de su notificación expresa, pudiendo presentarse en el Registro Electrónico General, disponible en el Punto de Acceso General electrónico (PAGe), en la sede electrónica asociada del Ministerio de Cultura y Deporte (https://cultura.sede.gob.es/).
El recurso contencioso-administrativo no podrá presentarse hasta que el de reposición haya sido resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición es de un mes, transcurrido el cual podrá entenderse desestimado a los efectos de interposición del recurso contencioso-administrativo.
