La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha alzado la voz pocos días después de que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicara el texto del Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual que adaptará a España la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2018.
El texto, no definitivo y abierto de nuevo a consulta pública, incluye modificaciones que según UTECA «agrava la discriminación a las televisiones en abierto al imponerles obligaciones únicas.» La Unión está formada por Atresmedia, DKISS, Net TV, Real Madrid TV, TEN, TRECE y VEO TV, en total, 14 canales de TDT.
Eduardo Olano, presidente de UTECA, ha valorado así el nuevo borrador del Anteproyecto de Ley General Audiovisual: “No entendemos esta insistencia del Gobierno en la desigualdad de trato a las televisiones en abierto nacionales frente a los nuevos competidores internacionales, más aún teniendo en cuenta que son las compañías audiovisuales que más impuestos pagan en España, las que ayudan con su programación a vertebrar la identidad nacional, además de ser las grandes inversoras y creadoras de empleo del sector audiovisual nacional. El Gobierno aún está a tiempo de acabar con una discriminación injustificable de las televisiones comerciales en abierto que lamentaremos durante años, pues distorsiona gravemente la competencia en un sector estratégico”.
El comunicado de UTECA es el siguiente:
«La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) expresa su preocupación por el mantenimiento de la discriminación entre las televisiones comerciales en abierto y los operadores en streaming y plataformas de compartición de vídeo, que figura en el nuevo borrador del Anteproyecto de Ley General Audiovisual conocido esta semana. Los cambios introducidos agravan esa desigualdad y acentúan la distorsión de la competencia.
El nuevo texto mantiene un injustificable trato de favor hacia esos nuevos prestadores de servicios audiovisuales en detrimento de las televisiones en abierto, y queda muy lejos de la necesaria equiparación en derechos y obligaciones de todos los operadores de un mercado audiovisual que es único, independiente de la tecnología de emisión o la sede social.
En el terreno de la publicidad, resulta discriminatorio el hecho de que la limitación al volumen de publicidad que se puede emitir, continúa sin aplicar a las grandes plataformas de compartición de vídeo, como YouTube, o a redes sociales de la magnitud de Facebook o Instagram. En el mismo sentido, estos grandes conglomerados audiovisuales son ajenos a los límites a los patrocinios y a la regulación de los emplazamientos de producto, así como al número máximo de interrupciones de programas, que sí deben cumplir las televisiones. Sucede lo mismo con los límites de franjas de emisión para la publicidad de bebidas alcohólicas o la relacionada con el esoterismo y las paraciencias, de obligado cumplimiento únicamente para las televisiones lineales.
En materia de protección al menor, se produce otra de las grandes desigualdades, al imponer solo franjas horarias reforzadas de protección al menor a las televisiones en abierto. Esa desigualdad de trato conlleva además la ineficacia del objetivo perseguido, dado que en esas mismas franjas de protección reforzada televisiva, los menores a los que se dice proteger pueden acceder a todo tipo de contenidos en televisiones de pago, operadores bajo demanda, redes sociales y plataformas de compartición de vídeos.
Asimismo, es desigual y discriminatorio el tratamiento que el borrador del Anteproyecto otorga a la obligación de la totalidad de los operadores y plataformas de contribuir con un porcentaje de sus ingresos a la financiación de RTVE. Mientras se mantiene que los operadores tradicionales de televisión aporten el 3 % de sus ingresos a la financiación de la cadena pública, el Anteproyecto reduce a la mitad (1,5 %) la aportación a la financiación de la cadena pública de operadores y plataformas que prestan sus servicios en España. Esta diferenciación en la aportación a la financiación de RTVE consagra la discriminación de las televisiones en abierto y carece de sentido, pues todos los operadores afectados compiten en un único mercado audiovisual.
Por otra parte, la autorización de patrocinios, emplazamiento de producto y televenta en TVE, junto al permiso para la emisión de publicidad cuando explota sus contenidos en el ámbito digital -introducida en este segundo borrador del Anteproyecto-, supone que la cadena pública competirá sin restricciones por la publicidad digital mientras sigue financiándose con fondos públicos.
En cuanto a la producción de obra europea, el Anteproyecto multiplica por cuatro la obligación de inversión en producciones independientes, al pasar del 0,9 % al 3,5 %. Este crecimiento es desproporcionado y supone una nueva distorsión de la competencia, que afecta de lleno al modelo de negocio de las televisiones, que verán limitada su propia capacidad de producción de cine y series.»
