La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, UTECA, comienza el año recordando al reciente gobierno de Pedro Sánchez su última reivindicación: que las plataformas como Netflix, HBO o Amazon y demás operadores de Internet estén sometidos a la misma regulación que las televisiones en abierto.
Cabe recordar que Eduardo Olano ocupa actualmente y desde 2018 la presidencia de UTECA. Además, Emilio Lliteras fue nombrado director general de la Unión el pasado mes de octubre, en sustitución de Andrés Armas.
Reproducimos a continuación el comunicado de UTECA de hoy, 22 de enero de 2020:
«Desde la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), esperamos que el nuevo Gobierno acabe con las asimetrías regulatorias entre las televisiones privadas en abierto, las televisiones de pago y los nuevos operadores online, tanto las plataformas de cine y series (OTTs), como las plataformas para que los usuarios compartan vídeos y las redes sociales. Estas asimetrías se traducen en una exhaustiva regulación y régimen sancionador para las televisiones más implantadas en España, propia de los tiempos en los que no había más opciones para los usuarios, que contrasta con la práctica ausencia de regulación para los canales en streaming (OTTs) y las grandes plataformas de intercambio de video. Es una situación inaceptable que provoca un grave desequilibrio de la competencia y la desprotección de los usuarios.
UTECA reclama al nuevo Gobierno la aprobación urgente de una nueva Ley de Comunicación Audiovisual que cumpla con la necesaria trasposición de la Directiva (UE) 2018/1808 de Servicios de Comunicación Audiovisual para que la totalidad de los “players” tengan los mismos derechos y obligaciones en materia publicitaria, de protección al menor, financiación de la televisión pública e inversión en producción nacional y europea de cine y series. Esta petición se sustenta en la realidad de la competencia en un mercado único de contenidos audiovisuales, y un mercado único de publicidad sobre dichos contenidos audiovisuales, más allá de la tecnología de emisión.
A diferencia de los operadores tradicionales, tanto públicos como privados, en abierto o de pago, ni los grandes operadores de series y cine por Internet (OTTs), ni las plataformas o redes sociales en las que los usuarios comparten videos, están obligados a destinar el 5 % de sus ingresos a la financiación de cine y series europeas. La nueva Ley debe acabar con esta discriminación fijando una misma obligación para todos, mucho más reducida y flexible que la actual.
El aumento de operadores obligados, junto con la contracción del mercado publicitario, el aumento de la competencia y la propia evolución del mercado, justifican esta petición de ampliación de los obligados y reducción de la obligación. Asimismo, las demandas del espectador y la convergencia entre ambos formatos demuestran la necesidad de que ese dinero pueda invertirse en cine o series indistintamente, acabando con la rígida división actual.
De igual forma, el Gobierno debe impulsar que la próxima Ley de Comunicación Audiovisual contemple que también OTTs, las grandes plataformas de compartición de videos de los usuarios, y las redes sociales, participen en la financiación de RTVE, tal y como hacen ya las televisiones privadas y las compañías de telecomunicaciones.
Por último, es preciso también que la nueva legislación imponga a los nuevos operadores el cumplimiento de la legislación publicitaria y de protección del menor que aplica a las televisiones privadas en abierto, sometiéndolos al mismo régimen sancionador y supervisor de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), con una exigencia similar de transparencia. La prohibición de la publicidad encubierta, la obligación de identificar los contenidos publicitarios, las limitaciones de los tiempos y la normativa sobre patrocinio y emplazamiento de producto deben asimismo ampliarse a la totalidad del sector y simplificarse para adaptar las obligaciones a la nueva realidad audiovisual con múltiples operadores, servicios y formatos.
En un mundo global, en el que gracias a Internet los operadores prestan servicios en España desde cualquier país, no tiene sentido que el “principio de país de origen” sirva para burlar las reglas que se impongan en España esquivando las obligaciones para obtener una posición ventajista.
Estas modificaciones resultan imprescindibles y urgentes para acabar con una anomalía que ha derivado en la inaceptable situación actual, propiciando un desequilibrio competitivo que penaliza a las televisiones privadas en abierto, principales generadoras de riqueza y empleo en el sector, y responsables del prestigio y el éxito internacional de la ficción nacional.»
