Foro Europa Ciudadana ha llamado la atención sobre la próxima transposición de la Directiva Europea de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2018, que debe acometer España. El próximo 20 de septiembre concluye el proceso para adoptar las nuevas normas que regirán los servicios audiovisuales de nuestro país en los próximos años.
El profesor de Derecho Constitucional y Derecho Europeo de la Universidad Complutense de Madrid, José Carlos Cano, ha elaborado el informe “Claves para entender la Directiva de Comunicación Audiovisual”, en el que se recalca la importancia de la directiva. La crisis del coronavirus hace que el contexto para la transposición se haya complicado.
«No cabe el término medio, ya que el plazo y el calado de las reformas que trae consigo obliga, o bien a hacer una transposición prácticamente directa para cumplir los plazos manteniendo lo que recoge la Directiva, o aprovechar para introducir modificaciones relevantes escuchando a todos los actores implicados y abriendo la transposición al debate parlamentario» indica el Foro Europa Ciudadana en nota de prensa.
En este último caso, según el autor del informe, “estaría justificado un retraso en su transposición ya que la crisis del coronavirus ha obligado a que el Gobierno no haya podido iniciar los procesos necesarios para su transposición”. Sin embargo, Bruselas no ha permitido prorrogar la transposición.
“Lo que no debería hacer el Gobierno es aprovechar la Directiva para introducir cambios en la legislación actual y que no están recogidos en la Directiva sin antes escuchar a todos los actores implicados y sin llevarlo al debate parlamentario, dada la trascendencia de esta normativa. En resumen, o se hace una transposición directa, o se lleva al debate parlamentario y se escucha a todos los agentes del sector” recalca el profesor Cano.
Reformar la LGCA española
La nueva directiva obliga a reformar la Ley General de Comunicación Audiovisual y adapta las leyes al nuevo contexto del sector, marcado por la digitalización y la entrada de nuevos jugadores en el audiovisual, como son las plataformas de streaming. Entre los objetivos de la directiva se encuentran el equilibrio entre la garantía del acceso a los servicios de contenidos audiovisuales en línea, la protección del consumidor, y el fomento de la libre competencia, así como la protección de la obra europea.
El nuevo texto matiza y completa la regulación de la publicidad en televisión y en plataformas de prestación de servicios por internet, el contenido que se deba otorgar a la producción europea, y los intercambios de contenidos en línea, entre otras cuestiones.
“El Gobierno debe ser exquisito con la práctica jurídica” explica el profesor de Derecho Constitucional y autor del informe, José Carlos Cano, “por tanto, o se transpone directamente para cumplir con el plazo marcado por Bruselas y se mantiene lo recogido en la Directiva o en caso contrario debe aprovecharse para escuchar a todos los actores implicados e introducir reformas de calado en la normativa”, concluye el profesor Cano.
El marco legal de la publicidad
El Foro Regulación Inteligente ha publicado un informe titulado «Medios, publicidad y regulación: hacia un paradigma del siglo XXI» en el que recomienda abrir «un proceso de actualización, revisión y mejora del marco regulatorio de la publicidad en España».
El motivo es que la actual legislación audiovisual y publicitaria en España, que data de los años 80, «se ha quedado obsoleta y ya no responde a los hábitos de consumo audiovisual de la actualidad». La fuerza del consumo a la carta ha crecido constatemente en los últimos años y el confinamiento de 2020 por la Covid-19 ha acelerado las nuevas tendencias a la hora de sentarse a ver la televisión.
Las plataformas de streaming, en su mayoría accesibles a través de una cuota mensual, se están imponiendo entre las audiencias más jóvenes y para géneros como la ficción seriada. Por su parte, las televisiones públicas han cedido puntos de share frente a las cadenas privadas.
Según Diego Sánchez de la Cruz, analista económico y director del Foro Regulación Inteligente, «España tiene una oportunidad de oro para adaptar su marco legislativo. La transposición de la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual (Directiva 2018/1808) y la necesidad de favorecer el crecimiento económico para dejar atrás la crisis provocada por la Covid-19 deberían ser la excusa perfecta para revisar todo el paradigma regulatorio referido a la publicidad en medios.»
Después de cinco años de crecimiento ininterrumpido de la inversión publicitaria en televisión en España, la crisis sanitaria ha supuesto un duro golpe para esta vía de ingresos. Mientras la audiencia se pegaba al televisor para conocer las noticias en torno al estado de alarma y los fallecidos por coronavirus, los anunciantes cancelaban sus campañas y provocaban un descenso del 48 por ciento en la facturación de las televisiones por publicidad entre marzo y mayo de 2020, según anuncia el Foro. «Las televisiones han dejado de ingresar hasta 267,1 millones de euros» concluye el estudio.
El Foro Regulación Inteligente propone «una regulación más flexible y menos intervencionista, que permita un mayor grado de autorregulación«. Y añade: «No se trata, entonces, de adoptar simplemente las nuevas reglas que marca Bruselas con esta Directiva, sino de ampliar la conversación desde ahora y realizar una transformación más a consciencia y generalizada del marco regulatorio de la publicidad, en línea con lo que ya ha expresado la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), sobre el hecho que los requisitos normativos de la legislación vigente “han quedado obsoletos” y “están llamados a una próxima revisión en el marco de la transposición de la nueva Directiva europea”.»
