La presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández, ha presentado hoy la Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género. Se trata de un documento con recomendaciones breves y prácticas dirigidas a los periodistas con el objetivo de desterrar malas prácticas informativas detectadas a lo largo de los años, a pesar de las obligaciones previstas en la legislación española para los informadores, y de la existencia de diversos códigos deontológicos.
En el acto también han participado la subdirectora de Audiovisual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Julia López de Sa, y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González.
Esta Guía es el resultado de un exhaustivo análisis y actualización de los códigos deontológicos y recomendaciones existentes en España sobre la materia, así como de los informes y resoluciones del CAA sobre casos prácticos de intervención. Y surge de la necesidad de preservar el derecho a la libertad de información que, en el caso del tratamiento informativo de la violencia de género, ha de conciliarse con la responsabilidad y las obligaciones legales que afectan a los medios y los periodistas.
En su elaboración, impulsada y coordinada por el Consejo, han participado el Colegio de Periodistas de Andalucía, la RTVA, RTVE-Andalucía, la red de televisiones locales ACUTEL, la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Andalucía y la Subdirección de Audiovisual de la CNMC -el regulador audiovisual de ámbito estatal-.
La presidenta del CAA ha recordado la responsabilidad pública que recae en los periodistas y en los medios de comunicación a la hora de luchar contra la violencia machista, pues constituyen la primera fuente de información sobre este problema social para el 95% de la población. Sin embargo, a pesar de que el periodismo ha situado desde hace años este asunto en la agenda pública, los informes del Consejo constatan que con frecuencia este tipo de sucesos están teñidos de sensacionalismo o descontextualizados.
La magnitud de la violencia de género, sus consecuencias y sus causas, han llevado a la presidenta del CAA a reclamar un pacto de Estado para combatir y acabar con este grave déficit de los derechos humanos. También ha pedido al futuro Gobierno que sitúe la lucha y la prevención de la violencia machista como una prioridad en su agenda política.
Asimismo, tanto Emelina Fernández, como la presidenta de la FAPE, Elsa González, han anunciado que promoverán un pacto mediático para que todos los medios de comunicación asuman códigos deontológicos al abordar asesinatos machistas y otras noticias relacionadas. Se trata, han dicho, de que asuman la función y la responsabilidad de concienciación a la sociedad que les atribuye la legislación.
Elsa González ha destacado que los medios de comunicación constituyen una herramienta esencial para denunciar la violencia machista ante la opinión pública. «Los periodistas tenemos un papel importante para concienciar a la ciudadanía de que debe ser intolerante ante esta violencia”, ha recalcado. González, que ha hablado de las pautas éticas que hay que seguir a la hora de informar sobre las víctimas, también ha abordado el tema de los anuncios de contactos en la prensa que la FAPE rechaza porque “las empresas periodísticas no pueden colaborar con una publicidad que esconde mafias”.
Julia López de Sa, subdirectora de Audiovisual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha manifestado el compromiso absoluto de la CNMC para impulsar y difundir este proyecto entre los operadores y en los distintos foros internacionales y nacionales en los que participa como Autoridad Audiovisual Estatal.
La violencia de género no debe ser un suceso más de los informativos
El documento consta de dos partes, en la primera, titulada «El Problema» se enumeran doce recomendaciones para los profesionales de la información centradas en la relevancia de contextualizar de forma adecuada al elaborar noticias sobre violencia machista y se recuerda las obligaciones previstas en la ley para los medios: el deber de contribuir a erradicarla y de concienciar a la sociedad.
Destaca que estas informaciones son complejas por lo que se deben evitar rutinas periodísticas que conducen además a tratar cada caso como hechos aislados o como sucesos. «Es la consecuencia más grave del machismo y de las desigualdades entre hombres y mujeres que aún sufre la sociedad», reza la guía.
Por ello, recomienda al profesional que se especialice para afrontar este tipo de informaciones, así como el uso correcto del lenguaje para no confundirla con la violencia doméstica o familiar. Y se aconseja usar siempre los términos «violencia de género», «violencia machista» o sexista o contra las mujeres y eliminar el uso de expresiones como «violencia de pareja» o «crimen pasional».
La Guía recuerda que miles de mujeres sufren a diario la violencia machista por lo que recomienda a los periodistas no esperar al asesinato para abordar esta cuestión, sinodifundir sentencias, denunciar comportamientos machistas para trasladar a la sociedad la dimensión de este problema e informar de casos de mujeres que han salido de la espiral de la violencia de género. Al mismo tiempo insta a no propagar mitos, ideas o mensajes sin fundamento y pide que se contraste siempre la información con fuentes autorizadas y expertas.
Titulares que insensibilizan: «un nuevo caso», «una víctima más»
La segunda parte del documento, bajo el título «La Noticia», consta de una serie de recomendaciones y prácticas a evitar para informar de forma adecuada, entre la que destaca no abordar los asesinatos de mujeres víctimas como casos aislados o sucesos sino enmarcados en el contexto de un problema grave que afecta a toda la sociedad, como ocurre con el terrorismo o la crisis económica. Nunca frivolizar o banalizar la información y evitar inercias que pueden terminar por insensibilizar a la audiencia, especialmente en los titulares, como el uso de las fórmulas «un nuevo caso de violencia de género», «una víctima más».
También destaca que las víctimas no mueren, sino que las matan y que no son responsables de su asesinato por no haber denunciado antes al asesino o haber reanudado una relación. La guía reclama asimismo rigor periodístico, huir de los testimonios de vecinos o allegados, evitar el sensacionalismo con la transmisión de datos o imágenes escabrosas o recrear en la crónica la descripción del modo en que fue asesinada la víctima, pues se trata de cuestiones que no aportan valor informativo para comprender la trascendencia social del hecho.
En cuanto a las imágenes para mostrar en las noticias de asesinatos machistas, la guía sugiere el uso de planos generales y neutros, como las zonas acordonadas, los efectivos policiales o sanitarios, y evitar enfocar elementos que no aportan nada a la noticia y pueden vulnerar el derecho a la intimidad de las víctimas y sus familiares.
Se recuerda que, por regla general, la violencia de género no tiene testigos, por lo que se insta a evitar difundir entrevistas de allegados que fomentan una imagen neutra del maltratador con declaraciones del tipo «era una pareja pacífica», «es una buena persona». Así, sugiere diversificar la información al abordar un caso de asesinato y centrarse más en el problema con la difusión de información e imágenes complementarias y útiles sobre recursos públicos, centros de acogida, servicios especializados o sentencias condenatorias. Y siempre, incluir de forma verbal o escrita, el número de teléfono de denuncia y ayuda a las víctimas 016.
Otra de las recomendaciones insta al periodista a no buscar causas ajenas al machismo que justifiquen una agresión o un asesinato. El respeto al honor, a la imagen y a la intimidad de las víctimas es otra de las pautas recogidas en este documento, que recuerda también la prohibición de difundir el nombre y la imagen de menores de edad, sean víctimas o agresores.
Finalmente, se recuerda que la presunción de inocencia es un derecho constitucional que debe prevalecer mientras no exista una sentencia forme o una conformación de culpabilidad por parte de las fuentes policiales y judiciales. Por ello, recuerda que la difusión de datos personales de los maltratadores han de tratarse con cuidado durante la investigación policial y el proceso judicial.
Y establece que el acusado puede salir en pantalla si va acompañado de la policía, está detenido, esposado o comparece ante la Justicia. Sin embargo, no se debe ralentizar su imagen, congelarla ni resaltarla técnicamente. La relevancia de la información ha de ser la contundencia de la respuesta penal ante la que se enfrenta el maltratador.
