La televisión pública valenciana ha comunicado por correo electrónico el despido a 843 empleados del canal que tendrán que abandonar su puesto de trabajo en dos tandas: una desde este miércoles hasta el 7 de marzo, y otra entre junio y agosto. El proceso forma parte del ERE que Radio Televisión Valenciana aprobó el pasado año y que afectará, en total, a 916 trabajadores.
De los 1.167 empleados de la televisión pública valenciana, conservarán su puesto 324. El ente también ha efectuado despidos en la Radio y en el departamento de administración, pero la televisión, con dos canales en emisión, es la más perjudicada. Los trabajadores se concentraron días antes del sábado 9 de febrero, día en el que se comunicaron los despidos, frente a las puertas del centro de producción de Burjassot bajo lemas como «Los trabajadores no somos los culpables» o «Yo no sobro, ellos sí sobran».
El ERE de RTVV es uno de los más abultados de las televisiones públicas si no el mayor, pero las cifras están en consonancia con la deuda de 1.200 millones de euros que acumula el ente. La pésima gestión de los partidos políticos en el poder, en especial del Partido Popular, ha llevado a RTVV a contar con una abultadísima plantilla sin que ello se reflejara en una programación de calidad.
Tampoco el sector audiovisual regional se ha visto favorecido por una empresa pública que debería haber sido su motor de crecimiento. Cabe recordar el estudio presentado por Empresas Audiovisuales Valencianas Federadas (EAVF) en el que hablaban de las ventajas de la externalización: si RTVV “invirtiera un 60 por ciento de su presupuesto en la contratación de producción externalizada a empresas valencianas se podrían generar cerca de 4.000 puestos de trabajo, absorbiendo así a muchos de los profesionales afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE)” del ente autonómico. EAVF denunciaba que RTVV “ha gastado demasiado dinero en el mantenimiento de su estructura mientras descuidaba la inversión en la producción de contenidos”. El estudio recoge que en las cinco grandes televisiones públicas europeas estudiadas, el porcentaje del coste de personal sobre el presupuesto total es del 26,1 por ciento, mientras que en Televisión Valenciana fue de un 46,5 por ciento en el año 2010 y de un 55,33 por ciento en el año 2011.
El pasado verano el gobierno de Mariano Rajoy modificó la joven Ley General de la Comunicación Audiovisual para permitir diferentes modelos de gestión de los entes públicos de radio y televisión, de manera que los EREs que se están ejecutando podrían tener el objetivo de «sanear» las empresas para privatizarlas. De momento no hay comprador, pero grupos de comunicación como Secuoya o Vértice 360 están presentado ofertas para la externalización de los servicios.
